Cuando el juez besa el puñal

“Ya no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia, el mundo es un mercado donde se compran honores, voluntades y conciencia.” Tomando prestadas estas palabras del poema Verdades Amargas del escritor hondureño Ramón Ortega, inicio esta columna, ya que vienen como anillo al dedo sobre el tema que quiero tocar.

Traigo a colación una vez más la idea que nuestra  justicia comete en gran medida  injusticias ya que no mide con la misma vara a todos, recientemente tuve la oportunidad de leer en los matutinos locales una noticia (que por ser repetitiva y su falta de novedad hasta dudo en llamarla noticia) donde la Fiscalía acusa a la ex jueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, Astrid Torres del delito de “favorecimiento de la evasión” por haber dejado en libertad a 17 pandilleros en mayo de 2012.

En pocas palabras lo que Torres hizo – hace 5 años – y por lo que ahora es incriminada por la fiscalía, fue por poner nuevamente en la calle a delincuentes de alta peligrosidad, todos miembros de estructuras criminales de la pandilla 18, ignorando el hecho que éstos no habían cumplido la totalidad de sus penas.

Casos como los de ésta servidora publica, no son nuevos en El Salvador, y  es un secreto a voces que muchos jueces reciben dinero de las pandillas por favorecer a los criminales permitiéndoles que actúen con impunidad al dejarlos en libertad y el derecho de la población a ser protegida por el estado queda sin efecto ante unas cuantas monedas.

Como decía Ortega en sus Verdades Amargas “La sociedad que adora su desdoro persigue con gran saña al criminal, más si el puñal del asesino es de oro, enmudece… ¡y el juez besa el puñal!

Cuántos jueces, aparecen en la nomina de pago de los pandilleros y han pasado a reforzar todo su aparato criminal siendo parte importante y responsables también de las altas tasas de homicidios de El Salvador. Me parece que este dato es relevante para que el panorama de violencia del país se mantenga o cambie y que los servidores públicos dejen las excusarse en vacios de ley para no combatir los ataques de los mareros. También es  de vital importancia comenzar a deducir responsabilidades como en el caso de Astrid Torres.

No es nuevo el hecho que la justicia actúa de forma injusta al no aplicar las herramientas existentes o al hacer, adrede, una mala interpretación de ésta.  Muchos de nosotros recordamos cuando la Corte Suprema de Justicia, en un despliegue de publicidad y desesperación propuso tomar al toro por los cuernos y estableció que las pandillas fueran consideradas como grupos terroristas, lo anterior pudo haber cambiado el escenario en el país; y digo pudo porque el gran escollo para la aplicación fue su falta de claridad y estrategias para combatir a la delincuencia, lo que convirtió a la ley en letra muerta dando paso a su posterior impugnación.

Siempre he creído que algunas de las actitudes  que más problemas le han traído al país son la indiferencia, la falta de conocimiento de la realidad nacional, la falta de empatía  y  ética  a la hora de aplicar leyes por parte de los servidores públicos.
Para ilustrar lo anterior quiero mencionar aquel caso famoso que estremeció a El Salvador en 1997, donde  conocimos a través de los medios de comunicación a Gustavo Parada Morales, mejor conocido como  “El Directo”.

A Morales con tan solo 17 años y miembro de la MS se le imputaban múltiples delitos, entre los que se contaban el ser responsable de 17 asesinatos – todo un record para un niño, casi un muerto por año si hubiese sido posible comenzar su carrera criminal antes de hablar y caminar – sin embargo, aunque se comprobó su responsabilidad en 7 de los 17 homicidios, se le juzgó y condenó como menor de edad.

La exposición de este caso generó grandes discusiones, estériles, entre las autoridades de reformar la ley de menores, luego vinieron otras discusiones morales y sobre derechos humanos, ya que al final a “El Directo” se le violaron una serie de derechos cuando se le capturó y procesó, como su derecho a la privacidad ya que los medios publicaron su rostro y ese pecado puso en peligro su integridad como menor de edad.

Pero ¿qué pasó con la integridad y los derechos que tenían sus víctimas? El Salvador desde hace años está sumido en una vorágine violenta, lo cual debería bastar para que se reformaran y aplicaran leyes acordes a su realidad. Acá no prevalecen los derechos de la mayoría de la población, en el caso de Morales predominaron solo sus derechos sin tomar en cuenta que aunque su edad cronológica era de  un menor ninguna de sus acciones era el de uno.

A lo largo de los años tuvo una serie de entradas y salidas  primero de centros de menores y después de cárceles, pero todas con un punto en común, siempre recobraba su libertad hasta que finalmente la ley del Talión lo alcanzó a manos de sus compañeros de armas  y  fue asesinado de 64 puñaladas en el penal de San Miguel.

“El Directo” expuso de una forma cruda los vacios legales que poseemos y abrió una nueva puerta  para el accionar las pandillas, quienes hasta la fecha usan a menores de edad para cobrar rentas, llevar recados, traficar y hasta matar para evadir penas, y seguir actuando impunemente.

El Salvador, tiene ahora nuevas herramientas que le pueden permitir no cometer los mismos errores del pasado, como el Tribunal de Ética,  y con ellas combatir la existencia de funcionarios públicos corruptos que permiten la impunidad de más criminales como “El Directo” para lo cual es necesario que se usen para el fin que fueron creadas y no para favorecer solo a unos cuantos.

Los salvadoreños queremos las cuentas claras y no más jueces que se queden en su bolsillo con el puñal de oro del asesino y dejen a éste libre. Queremos que las instituciones del estado usen sus facultades, concedidas por la ley para impartir justicia y no fomentar la injusticia.