El Metropolitano Digital
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta a la Ley de Probidad sancionada el pasado mes de diciembre por el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén.
Es decir la resolución de la Sala de lo Constitucional suspende la entrada en vigencia de la ley.
Dicha resolución fue tomada por unanimidad por los cinco magistrados de la mencionada sala a efectos “de determinar si el contenido de la ley transgrede el mandato que se deriva del art. 240 incs. 1° y 4° de la Constitución, referente a la obligación para el Órgano Legislativo de emitir la normativa correspondiente que contenga los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de funcionarios en el manejo de fondos públicos y, además, investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito” dice la resolución de la Sala.
Entre otras cosas el Equipo Gestor, quien impuso la demanda, sostiene que es la Corte en pleno que debe conocer los casos referente a la normativa y no solo la Sala de lo Civil, como quedó establecido en la Ley.
La demanda también admite una supuesta vulneración a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Ley de Probidad que tiene como fin establecer procedimientos para determinar el patrimonio de funcionarios y servidores públicos. La suspensión de entrada de vigencia de la ley es de forma indefinida hasta que los magistrados de la Sala emitan una resolución.
La Asamblea Legislativa tiene un plazo de 10 días para argumentar la constitucionalidad de la ley.
