La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó hoy un recurso de apelación contra las medidas sustitutivas de arresto domiciliario dictadas a favor de 16 acusados de saquear el erario público.
El recurso, presentado contra la resolución dictada el pasado 4 de agosto por el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, argumenta que existe peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, y agregó que estos factores no fueron tomados en cuenta por el juez.
Gálvez resolvió enviar a prisión preventiva a 28 guatemaltecos procesados por el caso de un millonario saqueo al Estado entre 2012 y 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Entre los enviados a prisión figuran los exministros de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla; de Cultura, Dwight Pezzarossi, y de Defensa Ulises Anzueto y Manuel López.
En su resolución, el juzgador no hizo mención al expresidente Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, al exsecretario general de la Presidencia Gustavo Martínez, ni al empresario Jonathan Chévez, quienes ya están en prisión preventiva por otros casos de corrupción.
Por esta trama están procesados 53 guatemaltecos acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, lavado de dinero y financiación electoral ilícita.
Gálvez había dictado medidas sustitutiva (arresto domiciliar) para 21 implicados en esta trama de corrupción denominada «Cooptación del Estado», entre contratistas del Estado y financistas del Partido Patriota (PP), que llevó al poder a Pérez Molina en el 2012, y de ellos solo 5 no fueron apelados por la Cicig.
La supuesta red, principalmente Pérez Molina y Baldetti, se habría beneficiado de al menos 500 millones de quetzales (65,9 millones de dólares) de comisiones que pagaban empresarios y financistas del PP, que llevó a ambos al poder, por al menos 450 contratos del Estado.
