El Metropolitano Digital
La Unidad de Delitos de Medio Ambiente de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), logró que un Juzgado decretara apertura a juicio contra la empresa Baterías Record, tres imputados presentes y cinco declarados rebeldes, por el delito de Lesiones muy Graves derivadas de contaminación ambiental, explicó el Director Donald Salazar.
Durante la audiencia inicial realizada en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, el juez ordenó abrir el juicio contra Baterías Record y admitió la prueba ofertada por la representación Fiscal en contra de Hugo Trujillo, Arturo Marenco y Edgardo Brito, por lesiones muy graves y a quienes se les otorgó medidas sustitutivas a la detención.
Sin embargo, en la misma audiencia el juez solicitó la difusión roja internacional, contra los imputados rebeldes Ronald Lacayo, Cecilia Escapini, Ofilio Guardián, Domingo Call y Dimas Alvarenga, quienes se encuentran prófugos de la justicia, presuntamente en Estados Unidos, señalados como representantes de la fábrica, ubicada en cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Según manifestó el jefe fiscal los afectados son más de 128 personas, entre los que se encuentran niños y adolescentes, que habitan en el cantón Sitio del Niño. Señala la prueba fiscal que algunos padecen retraso mental o enanismo debido a la exposición al plomo que contamina la zona.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 31 de octubre pasado anular el juicio anterior contra Baterías Record por contaminación ambiental agravada, ya que no está debidamente fundamentado por lo que debe realizarse nuevamente el proceso a la empresa propiedad de la familia Lacayo.
Este caso de grave contaminación ambiental y daños a la salud de miles de personas fue denunciado desde finales de los años 90 cuando se realizaban por parte de la fábrica de baterías emanaciones industriales tóxicas que no fueron evitadas por los imputados y funcionarios con competencia en salud y medio ambiente de ese entonces, entre ellos el exministro de Economía, Miguel Lacayo, familiar de los imputados y que en un principio fue dueño de la fábrica de baterías.
En 2007 se cerró la empresa, pero no se persiguió a sus dueños de forma inmediata, dejando que estos se fugaran del país junto con el capital de la empresa.
