El Metropolitano Digital
El Gobierno de El Salvador, a través de sus diferentes dependencias, debe liderar e incentivar el Gobierno Electrónico hacia un proceso de transformación digital; lo cual les permita a sus habitantes tener acceso a recursos esenciales tales como: participación ciudadana, mejora en la calidad de vida, administración, economía, etc.
Esta transformación está siendo posible en diversas ciudades con la implementación de herramientas y la administración masiva de datos que pueda ser utilizada para la toma de decisiones y fomentar la innovación entre los diferentes actores de la sociedad.
Lo anterior constituye uno de los principales retos que ahora enfrenta el país, según el informe Gobierno Electrónico en la Región elaborado por EY, firma líder en servicios de consultoría, auditoría, impuestos, transacciones y legal.
En línea con lo antes descrito, se observa que el Gobierno de El Salvador ha realizado algunas iniciativas tales como: En 2009 se inició un proyecto para estandarizar y modernizar los sitios web del gobierno. En 2010 se proveyeron capacitaciones tecnológicas de información para los empleados de Casa Presidencial.
En 2012 se desarrolla el sitio web MiEmpresa cuyo objetivo es proveer información sobre los servicios de apoyo que necesita una empresa para hacer negocios en El Salvador. En 2013 se trabajó en una herramienta tecnológica para la colaboración interinstitucional.
“Sin embargo debe continuar impulsando herramientas que le permitan por ejemplo, a través de la implementación de herramientas interconectadas entre hospitales públicos y privados, médicos particulares junto al análisis de dicha información que permita identificar los diferentes tipos de enfermedades que son más recurrentes en el país, zonas de originen de dichos pacientes y enfocar políticas específicas para prevenir dichas enfermedades o permitir el acceso a la salud de sus habitantes por diversos medios tales como: teléfonos móviles, internet, etc. ”, explicó René Arce, socio director de EY en El Salvador; y para su implementación la Organización de las Naciones Unidas identificó nueve aspectos:
Compromiso del gobierno, un marco legal, estructura institucional, responsabilidad del gobierno, política de gestión de datos, demanda de datos, compromiso cívico, financiación, infraestructura nacional de tecnologías.
Para el resto de países de la región centroamericana, prosigue el informe, los retos son la implementación de la firma electrónica avanzada, un sistema contable armonizado, apertura de información y datos e interoperabilidad; al mismo tiempo que se desarrolla el talento humano y sus habilitadores para una efectiva puesta en marcha de otros proyectos multisector.
El informe también subraya la necesidad de mejorar los servicios y accesibilidad de la población y el aparato estatal a las tecnologías de la información como principal herramienta de control y supervisión. Se apunta además a importancia de la difusión, implementación y mejora del uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y reducción de los riesgos asociados a temas de seguridad informática. “Poseer un Gobierno Electrónico en nuestra región sin duda repercutiría en la competitividad de nuestras economías”, afirmó Douglas Murillo, director de Consultoría de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
De acuerdo con el E-Government Development Index 2016 (EDGI), un ranking elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las Tecnologías de la Información y Comunicación contribuyen aproximadamente 50 % al crecimiento económico de los países, al mismo tiempo que se observa una correlación del 73.89 % entre la posición que ocupan los países en el Índice de Competitividad Global y el desarrollo de su gobierno digital.
La clasificación de los países de la región en ese índice es la siguiente: Costa Rica 53, República Dominicana 98, Panamá 99, Guatemala 102, El Salvador 104, Nicaragua 123 y Honduras 127. El E-Government Development Index 2016 señala que la apertura de la información del gobierno fomenta la coordinación institucional y la integración de políticas, promueve la coordinación entre los sectores de planificación, la toma de decisiones y la mejora de bienes y servicios.
Además, impulsa la utilización de la información por parte de la ciudadanía para innovar, crear nuevos servicios, y mejorar las oportunidades económicas; y aumenta la efectividad en la lucha contra la pobreza, el suministro de bienes y servicios y en la respuesta hacia las necesidades de la población vulnerable.
Murillo afirmó que los datos abiertos del gobierno, el “Big Data”, la minería de datos y el análisis predictivo pueden incrementar la eficacia institucional ya que el sector público previene así determinados escenarios en lugar de reaccionar ante ellos, especialmente en la prestación de servicios. Esto deriva en que las instituciones ahorran millones de dólares.
