El Metropolitano Digital
El alcalde del municipio de Candelaria, del departamento de Cabañas, José Adalberto Perdomo, externó en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el problema financiero que enfrenta esa comuna por el extravió de $134 mil en el año 2005 de una institución bancaria.
Perdomo expuso ante los diputados de la comisión la problemática y aseguró que el caso ya se encuentra en las instancias judiciales «Tuvimos reuniones con el banco y asumió la responsabilidad… Según las investigaciones de la fiscalía, el banco resultó culpable por no haber custodiado los fondos como se debía».
Agregó que «Nosotros venimos con el fin de que esta comisión nos ayude a investigar y que hagan llegar ese dinero, pues a la fecha ya es más por los intereses que se han generado”.
El presidente de la comisión, Francis Zablah, manifestó la importancia de conocer el informe de las instituciones involucradas en el tema, para tomar acciones en el caso.
“Si ya está judicializado, lo que podemos hacer nosotros es pedir un informe, pero no ir más allá si actualmente se está viendo dentro de un juzgado”, afirmó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Mario Ponce del PCN reiteró que es necesario conocer un informe por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer el caso.
“La municipalidad ha presentado el caso ante el juzgado mercantil, pero lleva más de nueve años y no resuelve a pesar tener todo el expediente, donde se demuestra que el responsable es el banco”.
Por su parte el diputado Calixto Mejía del partido FMLN consideró que con ese dinero extraviado se podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del referido municipio.
“Nosotros estamos interesados en que se recupere ese dinero y lamentamos todo el tiempo que ha pasado, pues esos son fondos de los salvadoreños. Le vamos a dar seguimiento para que este tipo de cosas se aclaren. Se trata de resolver un problema, que se recupere el dinero y se puedan hacer obras”, enfatizó el diputado Carlos Reyes (ARENA).
La comisión de Hacienda acordó solicitar un informe a la FGR, a la Superintendencia del Sistema Financiero (SIF) y a la institución bancaria involucrada en el caso para conocer el curso que lleva dicha investigación.
