Por: Remberto Domínguez
Pobladores de la Comunidad Santa Marta, del departamento de Cabañas denunciaron atropellos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), en las capturas ejecutadas contra Manuel de Jesús López Bonilla, y José Antonio Bonilla Laínez el pasado 25 de noviembre del 2016, en dicha comunidad.
Familiares y amigos de los jóvenes aseguran que existieron anomalías en el procedimiento de las capturas, por lo cual hicieron el llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Director de la PNC, y al Ministro de Justicia y Seguridad para que se pronuncien ante tal situación.
Los jóvenes fueron capturados hace cinco meses por la Unidad Antipandillas de la PNC, cuando auxiliaron a una persona herida y lo trasladaron al Hospital de Sensuntepeque, quien al llegar al nosocomio falleció. A los imputados se les acusa por los delitos de portación de armas de fuego, y resistencia a la autoridad.
«El 30 de noviembre del año pasado se hizo la audiencia en el Juzgado de Paz de Ciudad Victoria, Cabañas, ellos salieron libres, pero al momentos de quedar en libertad, el caso retomo su curso por los mismos delitos que habían sido procesados, procediendo a la recaptura de los jóvenes, de quienes desde entonces no se sabe nada», dijo Leonel Rivas, representante de la comunidad Santa Marta.
Según familiares los jóvenes tienen restringidas las visitas, y los abogados defensores contratados por familiares fueron suspendidos del caso, a tal punto que aseguran, ha surgido un abogado «fantasma», el cual no da mayores detalles a las familias de los detenidos.
«Cuando se da el cambio con respecto al abogado «fantasma», nosotros no entendemos cómo puede aparecer en escena un abogado privado, y habría que preguntarse ¿quien lo paga?, segundo es de preguntarse ¿quién es?, porque la familia no da ninguna referencia de cómo ha aparecido esta persona», explicó Rivera.
El llamado que hace la comunidad Santa Marta a las autoridades competentes es en primer lugar se entregue un informe de cuáles son las casas de resguardo, y segundo que se garanticen las garantías constitucionales, y que no les violenten su derecho a tener un abogado defensor.
