El Metropolitano Digital
Las organizaciones, redes y movimientos sociales integrantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) hicieron pública su preocupación, ya que consideran que el Fiscal General Douglas Meléndez está trabajando con parcialidad, en los casos de corrupción y de crímenes cometidos por fuerzas del Estado en la pasada guerra civil, ante la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Las organizaciones cuestionaron la agenda y prioridades de la investigación fiscal.
Margarita Posada del Foro de la Salud, señaló que Meléndez en los presuntos crímenes de corrupción “sigue evadiendo y postergando sonados casos en los que intervinieron personeros de las élites económicas del país”, como por ejemplo los destinatarios de las donaciones de China (Taiwán), el fondo FECEPE, los 150 casos presentados por el gobierno del expresidente Mauricio Funes, el del magistrado Belarmino Jaime, las empresas que desvían flujos económicos hacia paraísos fiscales con tal de no pagar impuestos en el país, y el de los exfuncionarios de las administraciones gubernamentales de ARENA, que recibieron sobresueldos desde la Presidencia de la República.
Posada recriminó a Meléndez que no se está investigando ni persiguiendo a ninguno de los señalados, como sí se ha hecho con otros casos que son más recientes, y que tienen que ver con personajes vinculados a los dos últimos gobiernos, así como la persecución al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.
Con este proceder, aseguran, el fiscal general no muestra interés en combatir a los grandes evasores de impuestos ni en recuperar los dineros de la corrupción y, ante ello, ni siquiera puede justificar que no se ha activado el mecanismo para que se investigue, porque se han denunciado todos los casos, afirmó Posada.
También consideran que si el Fiscal fuera coherente y quisiera recuperar dineros de ilícitos para financiar su presupuesto, habría aplicado la ley contra el partido ARENA, ya que en el proceso judicial por las millonarias donaciones de China (Taiwán), el instituto político sí aceptó haber recibido los $10 millones para financiar su campaña, aunque el dinero debía ser destinado a los damnificados por los terremotos de 2001.
Las organizaciones sociales exigieron al fiscal que corrija su desempeño «parcial y sesgado», recomendaron actuar con imparcialidad y transparencia, y perseguir con el mismo interés, decisión y contundencia los delitos de corrupción que están activados en la FGR.
