Por: Fátima Merino
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) capacitó a personas ciegas y de baja visión, con el objetivo de dar a conocer los procedimientos, instalaciones y materiales electorales disponibles para ejercer su derecho al voto este 4 de marzo, día en el que la población salvadoreña elegirá a los próximos diputados y alcaldes del país.
La jornada informativa, que se realizó el 28 de febrero, en la Sala Braille de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), fue impartida por Juan Cristóbal Grande y Jonathan Rivas, ambos del TSE. También presenció la reunión el observador de la Unión Europea, Alessandro Giongo.
Cada persona ciega o de baja visión deberá solicitar al centro de votación el sobre braille para emitir su voto de forma segura y en secreto. Las opciones que tendrán para votar son:
Voto con sistema braille: Se le preguntará si desea votar con el sistema braille; de ser afirmativo, se le proporcionarán 2 sobres con el número de casilla del candidato y el nombre de los partidos políticos. Cada centro de votación tendrá los sobres en braille.
Voto asistido: Si la persona ciega asiste acompañada de una persona adulta, deberá identificarse con su DUI, para realizar la marcación de la papeleta con el apoyo de su acompañante.
Votación asistida por la JRV: Si la persona ciega asiste sola, el presidente o presidenta de la Junta Receptora de Votos le ofrecerá la opción de manifestar ante la junta su preferencia de voto; tal preferencia expresada, la podrá hacer efectiva el vigilante del partido político correspondiente o a quien se designe. En caso de no estar presente el vigilante ni su suplente, o de tratarse de un voto para una candidatura no-partidaria será el presidente o presidenta frente al resto de la JRV que hará efectivo el voto.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo establece en su artículo 29, literal A, que todos los Estados firmantes deben asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a votar y ser elegidas. Para ello, los gobiernos deben garantizar “que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar”.
