El Metropolitano Digital
La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia presentó este jueves un anteproyecto de ley que busca agilizar la creación de asociaciones y fundaciones pero a la vez establece que estas establezcan políticas internas de transparencia sobre el origen y uso de sus recursos financieros, y gestión de los órganos de administración de las organizaciones.
El anteproyecto denominado Ley de Organizaciones Sociales sin fines de lucro estaría derogando la actual normativa que regula a las asociaciones y fundaciones aprobada en 1996.
El documento contiene 79 artículos y en su aparto 3 indica que las asociaciones y fundaciones estarán obligadas a dar cumplimiento a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas establecidos en el anteproyecto.
‘Las organizaciones sociales que reciban transferencia de fondos públicos deberán realizar ejercicios de rendición de cuentas para los beneficiarios y participantes de los programas y proyectos financiados con dichos fondos, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto defina la institución del Estado que se los transfiera. Dichas rendiciones deberán realizarse al menos una vez por cada ejercicio fiscal transcurrido; en los cuales deberá convocarse a los propios miembros de su organización, y la población en general’, establece la propuesta gubernamental.
Con estos cambios se pretende cerrar portones a ilícitos como lavado de dinero o desvíos de fondos desde las asociaciones o fundaciones. ‘El punto acá es que las asociaciones y fundaciones deben ser más transparentes’, expresó el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez.
Rodríguez recordó que existen asociaciones o fundaciones que han sido cuestionadas por sus operaciones como la Fundación Rodríguez Porth -que según él- recibió fondos provenientes de Taiwán para ser donados al partido ARENA durante las administraciones de éstos. De hecho el secretario ya acudió a la FGR ha interponer una denuncia para que se investigue este caso.
La propuesta, según Rodríguez, simplificará los procesos de registro y, entre otras cosas, reduce sustancialmente el tiempo de inscripción de 350 días a un plazo máximo de 10 hábiles, si se cumplen con todos los requisitos, de lo contrario se conceden 30 días hábiles para subsanar las observaciones.
Este anteproyecto se elaboró tras una consulta en todo el país, donde participaron más de 100 organizaciones sociales.
