Redacción
Por unanimidad, el Pleno Legislativo aprobó un paquete de reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Protección al Consumidor para reforzar los derechos de alrededor de 9 millones de usuarios de servicios que ofrecen las operadoras de telefonía; con ello, se garantiza la tutela de los derechos de los consumidores.
Con las reformas se exige a los proveedores de servicios de telefonía e Internet que cumplan los contratos en los términos convenidos y se protege al consumidor frente a cobros indebidos por lo que obliga a diferentes compañías telefónicas que operan en el país a respetar los derechos de sus usuarios y que brinden servicios de calidad; también amplían la vigencia del saldo o datos móviles para usuarios prepago que será de 6 meses y en la modalidad post-pago será acumulado.
También, se garantiza que el cliente firme contrato por 6, 12, 18 y hasta 24 meses y se prohíbe al proveedor modificar o cancelar unilateralmente el contrato original, además se establece que los usuarios podrán renunciar al contrato por incumplimiento de éste o por cobros excesivos sin penalización; las compañías deberán habilitar una línea gratuita para interponer demandas de cualquier tipo.
De acuerdo al documento, las sanciones establecidas para los operadores que violenten la ley, son apegadas a las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el principio de lo razonable y en proporción al daño causado al violentar el derecho del usuario.
En este contexto, la presidenta de la Comisión de Economía, diputada Margarita Escobar (ARENA), celebró la aprobación de las iniciativas: “Estamos contentos de decirle al pueblo salvadoreños que estas dos reformas no le pertenecen a ningún grupo parlamentario ni tampoco a ningún diputado, esta reforma le pertenece al pueblo salvadoreño que contrata servicios de telefonía móvil o fija, así como internet”; a la vez la parlamentaria planteó algunos de los beneficios de las modificaciones como la facilidad de presentar reclamos y que las mismas sean resueltas en 5 días, no pagar por servicios no recibidos, los contratos podrán tener vigencia de 3, 6 y12 meses.
Seguidamente, el diputado Damián Alegría (FMLN) destacó la importancia de las modificaciones “que por muchos años se quisieron hacer, pero no pasaban todas esas iniciativas que hoy se traducen en una gran reforma a favor de los usuarios. Las reformas les ponen límites a las empresas de telefonía e internet, establece obligaciones y plantea sanciones para todos los abusos que han venido cometiendo”.
También, el legislador Francisco Zablah (GANA) agregó: “Se ha peleado contra viento y marea para aprobar esto, quien se lleva el derecho de esta ley es el pueblo salvadoreño que se manifestó en redes sociales. Este es un ejemplo que cuando se quiere trabajar con visión de nación, se puede. Hechos y no palabras”.
Del mismo modo, el diputado José Luis Urías (PCN) dijo: “Todos sabemos los abusos que cometen las empresas telefónicas, pero eso es cosa del pasado, porque con esta reforma las empresas deberán dar un mejor servicio”.
El diputado Jorge Mazariego (PDC), por su parte, aplaudió la decisión: “Celebramos y aplaudimos esta decisión que se ha tomado ahora en el Pleno Legislativo al ratificar con nuestros votos algo tan importante para la población salvadoreña. Es bueno reconocer el esfuerzo y el consenso que se logró como fracciones en beneficio del país entero”.
Para terminar, el legislador Juan José Martel manifestó que la Asamblea Legislativa supo “responder de manera positiva el clamor de cientos, de miles quizás de millones de usuarios, no solo de los servicios de telefonía, sino consumidores de los distintos servicios. Con estas dos reformas que hemos aprobado muchos de los abusos que sufren los consumidores van a terminar”.
Entre las nuevas disposiciones se endurece y refuerza: La protección al usuario, respeto a sus derechos, obligaciones, se definen las obligaciones y prohibiciones a los operadores de compañías de telefonía, así como el régimen de infracciones y sanciones; la prescripción de los casos, multa y compensación por infracciones que afectan a los usuarios individuales o colectivos, solución a los reclamos de los usuarios, velar por derecho del usuario a la compensación automática por corte de servicio y otros de interés de la ciudadanía en general.
