Caso “Saqueo Público” pasará de reserva total a parcial

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Redacción

El Juzgado 7° de  Instrucción de San Salvador,  luego de analizar la petición fiscal de levantar la reserva total  del caso  en que procesa al expresidente  Mauricio Funes y 30 personas,  resolvió modificarla a reserva parcial, por considerar  que “existe reserva de ley  en algunas actuaciones” dentro del proceso.

El caso denominado por la fiscalía como “Saqueo Público”  se encuentra en  la etapa de instrucción, que consiste en la recopilación de elementos de prueba tanto de cargo y descargo para los imputados.

En marzo pasado  los peritos, un aproximado de 22 profesionales  presentaron al juzgado su plan de trabajo para la realización de los siguientes  peritajes: “Análisis de la Aplicación de la Normativa de Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de productos Financieros Activos y Pasivos del Banco Hipotecario” y “Auditoria Forense  Contable-Financiera, Tributaria o Pericia Financiera Contable-Tributaria”.

Auditorias que tienen como  fin desvirtuar o corroborar la existencia  delito  de lavado de dinero y activos por lo que se les acusa a todos los imputados.

Según la investigación de las autoridades, el exmandatario  Mauricio Funes, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial,  supuestamente utilizando diversos mecanismos programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente  para ser ejecutados como gastos reservados  y así  hacer pagos al proveedor ficticio “Gastos Operativos de la Presidencia de la República” y que posteriormente trasladaban fondos  por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.

Supuestamente dispusieron  el dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos así como pagos en efectivo destinados  a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según la fiscalía.