Costa Rica recibe solicitud de extradición de suegro expresidente salvadoreño

San Salvador, 14 may (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica recibió la solicitud de El Salvador de extraditar al suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), Juan Guzmán, para que enfrente un proceso penal por lavado de dinero, informó este martes una fuente oficial.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo a periodistas que la Cancillería costarricense «comunicó oficialmente» sobre la presentación de la solicitud al Supremo de ese país.

«Estamos a la espera de que la Corte Suprema de Costa Rica apruebe la extradición y se materialice», señaló Cotto, quien manifestó que tiene una «comunicación permanente» con Interpol para «dar seguimiento al caso».

La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público de Costa Rica confirmó a inicios de abril pasado a Acan-Efe que «el señor Guzmán se encuentra detenido en el país».

Según la Fiscalía salvadoreña, Guzmán es parte de la estructura que ayudó a Funes a lavar parte de los 351 millones de dólares que supuestamente el ex jefe de Estado malversó del presupuesto estatal durante su administración.

El detenido en Costa Rica es padre de Ada Michell Guzmán Sigüenza, quien es cónyuge de Funes y se encuentran asilada en Nicaragua junto al expresidente y a tres hijos de este.

Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del «cambio» del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño desde que el país entró a la vida democrática en ser acusado de apoderarse de dinero público.

El ex jefe de Estado también es procesado por supuestamente pagar sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evadir impuestos.

Los casos de corrupción que implican a expresidentes salvadoreños suman más de 666 millones de dólares supuestamente malversados de los fondos públicos. EFE