Redacción
El Juzgado 3° de Paz de San Salvador recibió el miércoles la apelación a la resolución emitida por el juzgado en contra del exministro de Seguridad, Mario René Figueroa Figueroa, acusado de lavado de dinero y de activos en perjuicio del orden socioeconómico.
El pasado 07 de octubre, el juez ordenó a Figueroa que pagara una caución económica de 50 mil dólares, así como le ordenó el arresto domiciliar.
Dicho escrito fue presentado por los abogados defensores de Figueroa: Carlos Roberto Flores Samayoa, Miguel Arturo Girón Flores, Salvador Morales y Francisco Jiménez. Los abogados solicitan que en lugar del arresto domiciliar y la caución económica, le decreten a su defendido otras medidas sustitutivas a la detención provisional. Cabe señalar que Mario Figueroa ya canceló al Ministerio de Hacienda los 50 mil dólares de fianza.
Dicho recurso de apelación será enviado a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, después de notificar a la Fiscalía General de la República (FGR). La Cámara será quien examine el recurso y quien decida si es admisible o no la apelación.
René Figueroa, quien fue ministro de Seguridad en el período presidencial de Elías Antonio Saca y viceministro de Gobernación en la administración del ex presidente Francisco Flores, es acusado por la FGR de no haber justificado un incremento patrimonial de 3 millones 39 mil 798 dólares con 95 centavos ($3,039,798.95), datos según los análisis financieros realizados por el Grupo contra la Impunidad.
Además, el fiscal del caso agregó que Figueroa habría recibido dinero de parte de la Sociedad Radio Difusión de El Salvador, de la cual el expresidente Antonio Saca cometió el ilícito de peculado, trasladando dinero de la presidencia a dicha radio, el monto que recibió fue de 1 millón 900 mil dólares; ese dinero fue utilizado para la compra de inmuebles, compra de certificado de depósito a plazo, pago de créditos anticipado, entre otros.
En cuanto a su esposa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, quien es acusada también del mismo delito, el ministerio público fiscal la acusa de no haber justificado su incremento patrimonial por un monto de 500 mil dólares. Por ella, el juez accedió a la solicitud de Fiscalía de decretarle medidas sustitutivas a la detención provisional, las medidas impuestas son: presentarse al Juzgado 3° de Instrucción cada mes, no salir del país y no cambiar de domicilio.
