Finaliza interpelación al presidente de ANDA sobre crisis de agua

Asamblea Legislativa

Por segundo día consecutivo se continuó con la Sesión Plenaria donde los diputados reanudaron el proceso de  interpelación al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, con el propósito de recibir las explicaciones relativas a los problemas estructurales que sufre la distribución del agua que suministra la autónoma a los hogares salvadoreños.

Pasadas las nueve de la mañana, el presidente diputado Mario Ponce, reanudó la plenaria en la cual se inició con la fase de repreguntas sobre un total de 14 interrogantes contenidas en un cuestionario previo al cual preliminarmente había dado respuesta el titular de la autónoma durante la jornada de ayer, cuando se abrió la reunión de los diputados en Pleno, a las 4:00 de la tarde.

La Constitución de la República, en su artículo 131, establece que es competencia de la Asamblea Legislativa interpelar a los ministros o encargados del Despacho, y a los presidentes de las instituciones oficiales autónomas.

Segundo funcionario del actual Gobierno en ser interrogado en el Salón Azul

Tras la comparecencia de la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, el presidente de ANDA, Frederick Benítez, se convirtió en el segundo funcionario del actual gobierno en ser interpelado; ambos fueron citados por un tema que preocupa a los salvadoreños, la crisis en la distribución del agua potable.

Durante la jornada, al funcionario se le repreguntó  sobre  las interrogantes 1, 2, 3 y 4, relativas a la descripción del sistema de tratamiento y purificación del agua, insumos y dosis utilizadas, bitácora de aplicación y demás información pertinente, el plan de contingencia ante una amenaza de contaminación del agua como la sufrida en la planta potabilizadora Las Pavas, en qué momento el personal técnico de la misma se percató que el agua que se estaba sirviendo a los hogares salvadoreños tenía mal olor, color y sabor, cuáles fueron las primeras acciones como presidente de la autónoma, y si este problema es únicamente en la planta en mención y cuánta responsabilidad se atribuye de cara al pueblo salvadoreño.

Posteriormente, hubo espacio para abonar las interrogantes 5 y 6: considera que ANDA actuó en tiempo de cara a la población afectada, y por qué la planta Las Pavas no cuenta con las mejoras en el servicio y calidad del agua que abastece a los salvadoreños, cuando como Asamblea Legislativa se le ha autorizado dos préstamos destinados a dicho proyecto, uno con el gobierno francés por 53 millones de euros y el otro con el BCIE por $16.9 millones.

Fue en ese momento, -faltando las repreguntas relativas al cuestionario entre los puntos siete y catorce- tras un receso de aproximadamente veinte minutos, el diputado Ponce expresó: “Considero que este tema de la interpelación está agotado; por lo tanto, pido que esta plenaria ordinaria termine en este momento” y sometió a votación la propuesta de dar por suficientemente discutido el tema cuestionado en la interpelación, lo cual fue avalado con 45 votos y se dio espacio para que algunos diputados pudieran razonar su voto.

Expediente también se envió a la Comisión Política para análisis

Al igual que en el caso de la ministra de Salud, el expediente relacionado con la interpelación al presidente de ANDA, Frederick Benítez, pasó a consideración de la Comisión Política.

El acuerdo para interpelar  a ambos funcionarios fue tomado por el Pleno con 55 votos, a finales de enero, en cumplimiento al procedimiento establecido por el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) consignado en los artículos 113, referente al objeto de la interpelación y 114 relativo a la presentación de la solicitud de interpelación.

Según ese mismo reglamento -artículo 117- la Asamblea podría recomendar la destitución de los funcionarios interpelados “cuando lo estime conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante, cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones a los derechos humanos”.