San Salvador, 7 oct (EFE).- El Gobierno de El Salvador anunció este miércoles que ya fueron transferidos los fondos para el pago de los salarios de septiembre a los empleados de la Asamblea Legislativa tras un atraso por el que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, fue denunciado ante la Fiscalía.
El presidente, Nayib Bukele, dijo la noche del martes en una entrevista vía telefónica en el canal estatal que se buscaría la forma de pagar el salario a los empleados, asesores y diputados del Órgano Legislativo, lo que se concretó hoy, según lo informó la Presidencia en un comunicado.
La transferencia de los fondos para el pago fue confirmada a periodistas por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Luis Ortega, quien dijo que espera que esta situación «no se vuelva a repetir».
«Esperamos que por los conflictos entre órganos de Estado no vuelva a pasar una situación como la que hemos vivido los trabajadores», expresó.
Ortega señaló el martes que «los trabajadores de este órgano de Estado hemos quedado en medio de un juego cruzado de los políticos, en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo».
Según la Presidencia, el retraso fue de seis días y se «debió exclusivamente a que las arcas del Estado se han visto afectada por la reducción de los ingresos y ante la falta de financiamiento que ha sido negado por los diputados para que el Gobierno pueda hacer frente a sus compromisos económicos».
Después de que quedaran atrás los conflictos por las normas para regir la cuarentena por la pandemia del COVID-19, que en su mayoría fueron declaradas inconstitucionales por el Supremo por transgredir libertades establecidas en la Carta Magna de manera inadecuada, el Gobierno de Bukele y el Legislativo se han enfrentado por la distribución de fondos.
En varias ocasiones el mandatario aseguró que no había recibido ni un «centavo partido por la mitad» para enfrentar la pandemia, pero un informe del Banco Central de Reserva (BCR) indica que el Gobierno recibió y gastó unos 1.500 millones de dólares en letras del tesoro, que no necesitan aprobación legislativa.
El Congreso aún tiene pendiente la liberación de fondos provenientes de préstamos, a lo que el Ejecutivo atribuyó el atraso al pago de los salarios.
El Gobierno también se ha retrasado en la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), que es dado a los 262 municipios y que debe representar el 10 % de los ingresos estatales.
Por ello, cientos de empleados municipales se manifestaron y cerraron calles la mañana del martes como una forma protesta. Según el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el Ejecutivo adeuda 165 millones de dólares a las alcaldías, más 75 millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ya fue avalado por el Congreso para enfrentar los efectos provocados por el coronavirus.
