El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador suspendió este martes la audiencia preliminar contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años de edad , acusado de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
El procesado se sometería a la audiencia a través de videoconferencia desde el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, lugar donde se encuentra guardando prisión desde el 8 de enero de este año cuando fue detenido por la Interpol en el Aeropuerto Oscar Arnulfo Romero luego de ser deportado de Estados Unidos.
La audiencia fue suspendida debido al cambio de abogados defensores que tendrá el imputado, informó la Fiscalía.
El caso
Tras su detención, Silva Pereira fue remitido a la Cámara Primera de lo Penal con base a la declaratoria de rebeldía y una orden de captura emitida por los magistrados el 25 de enero del año 2007, no obstante se declaró incompetente de continuar conociendo el caso del exdiputado suplente por el departamento de La Unión, por haber concluido el periodo para el cual fue electo (2006-2009) y remitió las diligencias para el Juzgado 2° de Instrucción.
Según el dictamen fiscal, los hechos atribuidos al exlegislador supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado, supuestamente un reporte de operaciones sospechosas fueron detectadas en varias cuentas de sociedades fachadas CED, S.A y Provecom, y que según las investigaciones fiscales son producto de actividades delictivas que realizó Silva cuando supuestamente sobornó a alcaldes de varias municipalidades del oriente del país.
Aparentemente ofrecía y entregaba dádivas a fin de que los alcaldes le adjudicaran la ejecución de obras públicas de manera ilegal ya que en ningún momento las empresas de las cuales él era el apoderado o administrador único recibían invitación ni participaba en las licitaciones públicas conforme a la Ley Lacap.
De acuerdo a la Fiscalía los fondos de origen ilícito que disponía el procesado los colocaba en el sistema financiero para luego estratificarlos comprando bienes inmuebles, vehículos de lujos, yate, gastos suntuosos que tenía el procesado y su esposa.
