San Salvador, 11 mar (EFE).- Un juzgado de Paz de El Salvador envió este miércoles a prisión provisional al agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Mario Enrique Pérez acusado feminicidio en perjuicio de su pareja, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El Ministerio Público también indicó que el proceso penal contra Pérez, arrestado el 5 de marzo, pasó a instrucción y será conocido por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para la Mujer, con sede en San Salvador.
Pérez es acusado por el delito de feminicidio agravado por supuestamente ser el responsable del asesinato de su compañera de vida y también agente de la PNC, Norma Carolina Solís.
Una portavoz de la FGR indicó que la jueza, que no fue identificada, «admitió los elementos de pruebas ofrecidos por la Fiscalía».
De acuerdo con información de medios locales, la mujer fue asesinada la noche del miércoles 10 de febrero del presente año en una zona limítrofe entre los municipios de San Ramón y Santa Cruz Analquito, ambos del departamento de Cuscatlán (centro).
El agente Pérez, según lo indica La Prensa Gráfica, ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar en contra de la víctima, por lo que no se descarta su responsabilidad en el delito.
Al menos 15 femicidios se reportaron en El Salvador entre enero y febrero del año en curso, según lo informó el lunes la Fiscalía General de la República.
En 2020, la cifra de feminicidios registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) fue de 70, aproximadamente un 37 % menos que los 111 registrados en 2019. Si el registro del 2020 se compara con 2018, cuando se computaron 232 feminicidios, la caída es del 70 %.
Las cifras oficiales indican que de los 1.322 homicidios registrados en 2020, en el 9,75 % de los casos las víctimas fueron mujeres.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Naciones Unidas, El Salvador encabeza la lista de feminicidios en América con una tasa de 6,8 asesinatos por cada 100.000 mujeres.
Además, la Cepal señala que la situación de las mujeres se ha visto «agravada» durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19, ya que el aislamiento «limitó el acceso a redes de apoyo y servicios de atención» destinados a evitar la violencia machista.
Sostiene que la saturación de los servicios de salud por causa de la crisis sanitaria también ha mermado la capacidad de atención médica de las víctimas que han sufrido violencia sexual.
