El Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en el caso conocido como RHESSA, donde se acusa al exministro de salud, José Guillermo Maza Brizuela y diez personas más, por los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica.
La audiencia se instaló, luego que el tribunal resolviera algunos incidentes interpuestos por las partes. Posteriormente la Fiscalía General de la Republica expuso los alegatos iniciales.
La audiencia continuará mañana a las 8:30 am.La vista pública fue reiniciada luego del primer inicio en marzo de este año, cuando se presentaron algunos recursos y además una incapacidad médica de uno de los jueces que presidian el tribunal, por lo que se tuvo que interrumpirse.
El exministro de salud es acusado de negociaciones ilícitas, los demás imputados, que son varios contratistas, empresarios de la construcción y un abogado, son acusados de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos.
Todos los acusados fueron sobreseídos por el Juzgado 1°de Instrucción, el 24 de abril de 2017. En noviembre del mismo año la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, revocó el sobreseimiento definitivo pronunciado por el juez y le ordenó apertura del proceso, no obstante la defensa, presentó un recurso de casación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cual no fue favorable para el imputado.
Los delitos se cometieron presuntamente en la reconstrucción y equipamiento de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis, de San Vicente; en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).En enero de 2017 estas personas enfrentaron por segunda vez la audiencia preliminar, luego de que se les decretara sobreseimiento provisional en 2015, porque no se había concluido un peritaje financiero contable.
El exministro Maza Brizuela fungió como titular del Ministerio de Salud de 2004 al 2009, durante la administración presidencial de Elías Antonio Saca. Según datos del dictamen fiscal la conducta ilícita de los imputados causó un perjuicio económico al Estado por una cifra de $5,142,96.57 centavos.
Por el proyecto del Hospital Santa Gertrudis, el monto es de $1,052,043.77, mientras que por el Hospital San Pedro en Usulután presuntamente lo defraudado oscila en $4, 090,052.80.
