El Salvador aprobó en el 2017 una legislación histórica a fin de prohibir la minería metálica por considerar esta actividad como una “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias salvadoreñas”.
El tiempo ha marcado su paso y a dos años de darle luz verde a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, demanda del Estado la aplicación de esa legislación a fin de generar las condiciones que permitan proteger a las comunidades afectadas.
La organización no gubernamental habló sobre la deuda con todas aquellas comunidades que siguen siendo afectadas por la contaminación de los ríos y la amenaza latente que representan las minas que han sido abandonadas, que siguen contaminando cuentas hidrográficas importantes del país como es el caso del Río Lempa y que es considerada como la principal fuente de agua en el país.
“La empresa Commerce Group no realizó un cierre técnico de minas, simplemente se retiró de El Salvador llevándose nuestros minerales y heredando un drenaje de ácido de minas en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima en el departamento de La Unión. En esta zona falta realizar los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas y hacer efectiva la prohibición de la minería artesanal, garantizando la reconversión económica de las familias que continúan explotando la mina de forma artesanal” expuso el vocero de la ONG, Luis González.
En años anteriores, otras organizaciones como el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) también evidenció el declive ambiental causado por la mina San Sebastián, que dejó a varias comunidades sin agua, sin suelo, la biodiversidad y la cadena alimenticia contaminada, además de graves enfermedades en los pobladores de las zonas aledañas.
A fin de minimizar el impacto ambiental y los estragos que se originan a raíz de los despojos de las minas abandonadas, la Mesa Frente a la Minería, reiteró la necesidad de garantizar la NO reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la implementación de esta legislación, como permitir que organizaciones ambientalistas del movimiento social y las comunidades afectadas sean participes de estos proceso. A la misma se dijo que es importante transparentar la información sobre los planes a ejecutar como en el caso del río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima en La Unión.
