Procuradores de DDHH se reúnen en El Salvador

Foto cortesía Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

SAN SALVADOR (AP) — Procuradores de los derechos humanos de Iberoamérica iniciaron el lunes en El Salvador una reunión de tres días para abordar temas de derecho a la salud, educación, seguridad y de la población LGTBI.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, dijo antes del inicio de la cita que otro tema de relevancia y que requiere atención especial tiene que ver con los derechos de las personas migrantes, a las que -según señaló— hay que asegurarles asistencia humanitaria, legal y psicológica, así como refugios en los países de tránsito y destino.

Indicó que espera que las recomendaciones sobre esos temas que surjan en la reunión sean retomadas por los gobiernos.

Señaló que la pandemia del COVID-19 puso de relieve las diferencias sociales, aspectos de discriminación, estigma, violencia social, aspectos en los que se debía trabajar para promover que desaparezcan o que se minimicen en la mayoría de lo posible.

Mientras tanto, un grupo de salvadoreños se concentró en las cercanías del hotel para expresar su desacuerdo con el régimen de excepción impulsado por el gobierno salvadoreño para combatir a las pandillas.

Con pancartas y mensajes las personas que integran el llamado Movimiento de Víctimas del Régimen le pidieron al presidente Nayib Bukele la liberación de sus familiares capturadas durante ese régimen de emergencia tras asegurar que no tienen vínculos con las maras o pandillas.

Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

El régimen se extendió por última vez el 16 de agosto. Según la constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. En lo que va del régimen de excepción las autoridades han capturado a 50.576 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.