Con 66 votos la Asamblea Legislativa aprobó abrir el proceso de antejuicio contra el legislador de Nuevas Ideas, Érick Alfredo García. El titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, presentó una solicitud para desaforar al funcionario, porque «existen suficientes indicios» de que ha cometido el delito de falsedad ideológica.
En la sesión plenaria fue creada y juramentada la Comisión Especial de Antejuicio contra García. La mesa de trabajo estará conformada por el parlamentario Ernesto Castro, quien fungirá como presidente; el secretario será Rodrigo Ayala; Caleb Navarro fue designado como relator. Los vocales serán Alexia Rivas, Raúl Castillo y José Urbina. Mientras que los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron nombrados como fiscales.
La comisión especial deberá determinar si hay formación de causa para retirarle el fuero constitucional al diputado García y con ello pueda enfrentar un proceso penal. El delito de falsedad ideológica está tipificado en el artículo 284 del Código Penal y es castigado con una pena de entre tres y seis años de cárcel.
El caso contra García inició luego de que el exasesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshondt, publicó en redes sociales una serie de audios en los que el parlamentario admite que firmó un contrato de préstamo por $90,000 a su asesor jurídico, Luis Alonso Portillo Turcios.
Las peticiones de antejuicio y desafuero contra el funcionario ingresaron al Órgano Legislativo con dispensa de trámite. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sesionó durante el desarrollo de la plenaria número 117 para conocer el caso. Los parlamentarios coincidieron en que las peticiones fiscales reunían los requisitos de ley y emitieron dos dictámenes favorables.
El Presidente de la Asamblea aseguró que, desde el inicio de la actual administración, los parlamentarios de Nuevas Ideas tenían dos caminos: O hacer lo mismo que los políticos del pasado o transformar la forma de hacer política, tras haber recibido la confianza del pueblo salvadoreño de permitirles ocupar un cargo público.
“Nuestra historia nos obliga a hacer las cosas diferentes, a romper con las viejas prácticas. Por eso no vamos a cometer los errores de ARENA y del FMLN”, afirmó el diputado Castro Aldana. “Las autoridades serán las que determinarán las responsabilidades, de conformidad a las pruebas y el debido proceso como con cualquier otro ciudadano”, agregó.
El legislador sostuvo que la institución no encubrirá a nadie y esperará a que las autoridades sigan el proceso respectivo y que en las instancias correspondientes se demuestren los hechos.
Delito de falsedad ideológica
El artículo 284 del Código Penal establece en el inciso primero: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público o auténtico, insertare o hiciere insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiere probar, será sancionado con prisión de tres a seis años”.
La falsedad ideológica o intelectual consiste, básicamente, en crear deliberadamente un documento total o parcialmente falso en su contenido, aunque válido en sus formas.
Además, requiere una acción de insertar o de hacer insertar. En la primera situación será eventualmente la concurrencia de un funcionario o notario y en la segunda el sujeto activo puede ser cualquier persona natural mayor de 18 años de edad, que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público o privado, haga constar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar y de las que pueda resultar perjuicio, es decir, una redacción de un documento haciendo constar declaraciones distintas a las realmente hechas.
Fiscal general
“Hemos llegado a la conclusión de la etapa inicial de esta investigación y en la que se establece que se debe formar la comisión de antejuicio”, expresó el fiscal general la República, Rodolfo Delgado, durante una conferencia de prensa brindada para detallar el caso.
El funcionario explicó que la Fiscalía General de la República inició las investigaciones contra García desde que se conoció la situación a través de redes sociales.
“Siendo una de las obligaciones como fiscal de la República defender los intereses del Estado y de la sociedad, solicito la creación de un antejuicio y entrego la petición de desafuero ante la Asamblea Legislativa, que es la indicada de iniciar este proceso”, dijo Delgado.
