
Washington, D.C. — El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald J. Trump, impuso este martes sanciones directas contra el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, a quien acusa de graves violaciones a los derechos humanos, represión política y censura sistemática contra ciudadanos y empresas estadounidenses.
Como parte de la medida, Trump ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, revocar las visas del juez Moraes, sus aliados en la Corte y sus familiares directos, por su supuesta participación en una campaña de persecución política que afecta tanto a brasileños como a ciudadanos y compañías estadounidenses.

“El juez Alexandre de Moraes ha abusado de su autoridad para amenazar, intimidar y censurar a miles de opositores políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia”, señala el comunicado oficial. Washington también lo acusa de imponer sanciones y restricciones ilegales a empresas tecnológicas estadounidenses que se han negado a cumplir sus órdenes de censura.
Según la administración Trump, desde 2019 Moraes habría emitido cientos de órdenes judiciales secretas para silenciar a críticos políticos, llegando incluso a encarcelar personas sin juicio por publicaciones en redes sociales. En algunos casos, habría ordenado la congelación de activos de empresas estadounidenses en Brasil como mecanismo de presión para que cumplieran con sus directrices.
Además, el Gobierno estadounidense denunció que Moraes supervisa el proceso penal contra Paulo Figueiredo, ciudadano estadounidense, por declaraciones hechas dentro de Estados Unidos, y ha respaldado investigaciones criminales contra otros residentes norteamericanos que han denunciado públicamente abusos de poder y corrupción en Brasil.
Como parte de una estrategia más amplia para responder a estas acciones, el presidente Trump también firmó una orden ejecutiva que declara emergencia nacional y eleva a un 50 % el arancel total sobre las importaciones de Brasil, argumentando que las prácticas del Gobierno brasileño constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos.
“Estados Unidos no tolerará que un juez extranjero utilice su poder para perseguir a ciudadanos estadounidenses, silenciar la libertad de expresión o extorsionar a nuestras empresas”, declaró el presidente Trump, reafirmando su compromiso con la política de “Estados Unidos Primero”.
La Casa Blanca afirmó que estas medidas buscan proteger la libertad de expresión, defender a las empresas de coerción extranjera y enviar un mensaje claro a gobiernos y autoridades judiciales que pretendan censurar o intimidar fuera de sus fronteras.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Brasil ni el juez Alexandre de Moraes han emitido comentarios oficiales en respuesta a las sanciones impuestas por la administración Trump.