Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó este martes la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento al declarar inconstitucional la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump, con la que buscaba restringir el derecho a la nacionalidad automática para hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con estatus migratorio temporal nacidos en territorio estadounidense.
En una decisión de 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la medida presidencial contraviene la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que toda persona nacida en el país y sujeta a su jurisdicción es ciudadana estadounidense. La opinión mayoritaria, redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, reafirmó además el precedente histórico del caso United States v. Wong Kim Ark, que desde 1898 reconoce este derecho constitucional.
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El fallo representa uno de los mayores reveses judiciales para la agenda migratoria de Trump durante su segundo mandato y mantiene vigente la interpretación tradicional de la Cláusula de Ciudadanía de la Constitución. Según estimaciones citadas durante el litigio, la orden ejecutiva habría afectado a cientos de miles de niños nacidos cada año en Estados Unidos.
Tras conocerse la decisión, Trump criticó el fallo y sostuvo que la Corte se equivocó al impedir su política. El mandatario afirmó que continuará impulsando cambios para limitar la ciudadanía por nacimiento y llamó al Congreso a aprobar una legislación que modifique las reglas actuales, argumentando que la Constitución no fue concebida para otorgar ciudadanía automática a hijos de personas que se encuentran ilegalmente o de forma temporal en el país.
El origen del caso
La controversia comenzó el 20 de enero de 2025, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, denominada Protecting the Meaning and Value of American Citizenship. La medida instruía a las agencias federales a negar el reconocimiento automático de la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en el país cuando sus padres fueran inmigrantes indocumentados o se encontraran en Estados Unidos con visas temporales, siempre que no cumplieran determinadas condiciones migratorias.
La orden fue impugnada de inmediato por estados, organizaciones defensoras de los derechos civiles y grupos de inmigrantes, quienes argumentaron que el presidente no podía modificar mediante una orden ejecutiva un derecho protegido expresamente por la Constitución. Diversos jueces federales bloquearon su entrada en vigor mientras avanzaban las demandas.
En 2025, la Corte Suprema ya había intervenido en un litigio relacionado, Trump v. CASA, pero entonces únicamente resolvió el alcance de las órdenes judiciales de aplicación nacional, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento. El análisis de fondo quedó pendiente hasta el caso resuelto este martes, en el que los magistrados determinaron definitivamente que la orden ejecutiva era incompatible con la Decimocuarta Enmienda.
Con esta decisión, la Corte Suprema ratifica que cualquier modificación al principio de ciudadanía por nacimiento requeriría un cambio constitucional o una reforma compatible con la Constitución, y no puede ser impuesta mediante una orden ejecutiva presidencial.
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