El Salvador avanza en el fortalecimiento de capacidades jurídicas en materia de discapacidad

El Salvador fue sede del Taller sobre Capacidad Jurídica en Materia de Discapacidad, iniciativa regional orientada a fortalecer la autonomía, la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, bajo la coordinación nacional del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes de El Salvador (INABVE), en su rol de garante y vigilante de los derechos en materia de discapacidad.

El taller, desarrollado recientemente, fue impartido por especialistas internacionales, abordando temáticas orientadas a fortalecer a funcionarios de los sistemas judicial, legislativo, electoral, registral, notarial y de salud, así como a organizaciones de personas con discapacidad, priorizando el intercambio, la participación, el compromiso y el diálogo efectivo.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), facilitaron que el país fuera beneficiario de esta iniciativa regional, que también se ha desarrollado en otras naciones como México y Paraguay, gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el apoyo técnico del Departamento de Acceso a Derechos de la OEA.

El taller contó con más de 60 participantes y permitió intercambiar experiencias sobre el acceso a derechos de las personas con discapacidad, identificar oportunidades de mejora y generar insumos para el fortalecimiento de las normativas, políticas públicas y prácticas institucionales en el país.

Bajo este contexto, la realización de este taller en El Salvador contribuye a fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales y a promover una respuesta pública basada en la autonomía, la dignidad, la inclusión y el respeto de la voluntad de cada persona, así como permite acercar la cooperación internacional a las instituciones y sectores que pueden convertirla en políticas, reformas y prácticas con impacto directo en las personas con discapacidad y sus familias.

Estos avances forman parte del compromiso del Estado salvadoreño de canalizar el apoyo de organismos internacionales para construir alianzas, movilizar conocimientos y asistencia técnica que genere beneficios concretos para la población salvadoreña.

Entre las instituciones participantes en estas jornadas se encuentran la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República, la Asociación Salvadoreña de Sordos, la Asociación Salvadoreña de Autismo, la Asociación Salvadoreña para Atención Integral a Discapacidades, oficinas nacionales de organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyendo la coordinación apoyada por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y su Misión Permanente ante la OEA, con sede en Washington.

La diversidad de actores permitió desarrollar un diálogo técnico y participativo, incorporando tanto la perspectiva de las instituciones responsables de formular e implementar políticas públicas como la experiencia de las organizaciones que conocen directamente las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

Los resultados de este proyecto serán presentados ante el Consejo Permanente de la OEA, en la Reunión Ordinaria del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personascon Discapacidad (CEDDIS) prevista para 2027, y ante la Organización de las Naciones Unidas.

La actividad fue presidida por el presidente del INBVE, Daniel Eduardo Platero Martínez; el director de Inclusión de CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Juan Pablo Salazar; la directora del Departamento de Acceso a Derechos de la Organización de los Estados Americanos, Claudia González Bengoa, directora del Departamento de Acceso a Derechos de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, participaron representantes de instituciones gubernamentales, operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil.