A pocas horas de que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS) este miércoles 9 de septiembre, más de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos enfrentan la inminente pérdida de sus permisos de trabajo y el riesgo latente de deportación, en medio de la profunda incertidumbre generada por la falta de un anuncio oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La conclusión de esta designación pone en vilo a una población que ha residido, trabajado y tributado legalmente en territorio estadounidense durante un cuarto de siglo. La ausencia de definiciones oficiales no solo expone a los beneficiarios directos a perder sus empleos formales, sino que también amenaza la estabilidad de más de 150,000 niños con ciudadanía estadounidense que tienen al menos un familiar amparado por el programa, planteando un riesgo directo de separación familiar.
El impacto del fin del TPS trasciende el ámbito individual y sacude la estructura económica de ambas naciones. En Estados Unidos, esta comunidad inyecta anualmente unos 5,400 millones de dólares a la economía y aporta más de 1,500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Por su parte, un eventual retorno masivo afectaría de lleno a la economía salvadoreña, donde las remesas familiares representan entre el 24% y el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
