Agencia EFE
El próximo 9 de septiembre marcará un antes y un después para más de 170.000 salvadoreños en EE.UU., cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) y se enfrenten a la obligación de regresar a El Salvador, un país que algunos apenas conocen o del que, incluso, no conservan recuerdos.
«Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera», dice a EFE Alma, una salvadoreña amparada por el beneficio desde 2001 y que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.
La inmigrante, de 30 años y residente de Misuri, fue beneficiada por el TPS cuando apenas tenía apenas cinco años, después que su mamá pidió el amparo migratorio para las dos.
Alma asegura que no tiene recuerdos de El Salvador, pero sí memorias del amparo migratorio. «Yo crecí con el TPS», insiste la inmigrante, que llegó a EE.UU. en brazos de su madre con apenas 18 meses de edad.
«Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos», cuenta la mujer, que ha estado protegida por el TPS desde su designación en 2001.
Alma ha querido llamar la atención del público sobre inmigrantes como ella, que llegaron a EE.UU. siendo niños y han estado en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, quien desde su primer gobierno ha apuntado a terminar el TPS y el programa de Acción Diferida (DACA).
«Crecí con una vida estadounidense, con valores estadounidenses, ¿por qué nos quieren sacar?», se pregunta. «De niña yo no tuve la posibilidad de elegir donde hacer mi vida», añade.
La Casa Blanca ha terminado con el TPS de varios países incluido Haití, Venezuela y Afganistán.
En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo dejará expirar la protección que vence este 9 de septiembre para unos 170.000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación.
Una fábrica, varios afectados
Alma trabaja en una empresa de Misuri, donde ha alcanzado el rango de supervisora. Cuenta que la compañía, que tiene plantas fuera de EE.UU., está preparándose para perder a «gente muy trabajadora», algunos de ellos empleados desde 2001.
