El Viceministerio de Transporte (VMT) y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron ante la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa sus valoraciones sobre un paquete de reformas para prevenir y reducir los siniestros viales.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó la propuesta de incorporar el artículo 118-A a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La disposición daría a gestores e inspectores de tránsito la facultad de ordenar la retención preventiva y administrativa de vehículos y documentos de tránsito cuando representen un peligro para la población. Entre los casos citados están las llantas en mal estado o el sistema de luces defectuoso en unidades de carga y transporte colectivo.
El texto señala que, si la situación no puede corregirse en el momento, el vehículo sería trasladado a los predios designados por el VMT. Cuando el hecho pueda derivar en delito, el procedimiento estaría a cargo de la PNC y el vehículo quedaría a disposición de la Policía, la Fiscalía o el juez competente.
Reyes también detalló la reforma al artículo 14, que facultaría al VMT a habilitar y administrar instalaciones estatales como puntos oficiales para la Revisión Técnica Vehicular (RTV). El objetivo es ampliar la cobertura de inspección para que el parque vehicular, en especial el de carga y el colectivo, pase por los controles de seguridad.
Por su parte, el fiscal general participó en la misma comisión para opinar sobre las propuestas de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, que buscan reducir los siniestros viales y ampliar la regulación del delito de conducción peligrosa.
“La conducción peligrosa sigue siendo un grave riesgo para la seguridad de todos”, afirmó, y advirtió que cuando termina en accidente las consecuencias son muertes, lesiones permanentes y familias afectadas. Añadió que el Estado, cuyo fin es la persona humana según el artículo 1 de la Constitución, debe fortalecer al mismo tiempo la ley penal, la procesal penal y los controles de tránsito.
La FGR citó las cifras de 2026: 16,809 accidentes y 1,083 fallecidos de enero a octubre. Mencionó además los tres casos viales más recientes, que dejaron ocho muertos, personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.
Según la Fiscalía, la visión general es de tres reformas con un mismo objetivo que se complementan entre sí. En el Código Penal se regularían cuatro conductas dentro del artículo 147-E, que tipifica la conducción peligrosa.
El paquete, enviado por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, plantea además impedir la conciliación y la mediación en los casos de homicidio o lesiones culposas derivados de conducción peligrosa. También crearía el delito de facilitación de vehículo a conductor no habilitado, con penas de 5 a 10 años de prisión para propietarios de buses, microbuses o camiones de más de ocho toneladas que permitan manejar a quien no tiene licencia.
Las reformas deben seguir el trámite legislativo.
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