Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU
Un juez federal en Boston concedió una suspensión temporal que impide, por ahora, que decenas de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), entre ellos salvadoreños, pierdan este martes 22 de julio su autorización para trabajar en Estados Unidos, en una decisión que ofrece un respiro mientras continúa la batalla legal sobre el futuro del programa.
La resolución fue emitida por el juez federal Nathaniel Gorton, de la Corte de Distrito de Massachusetts, quien bloqueó temporalmente la aplicación de nuevas políticas impulsadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que habrían adelantado la pérdida de permisos laborales para beneficiarios del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. El juez determinó, de manera preliminar, que dichas medidas podrían haberse implementado sin cumplir los procedimientos administrativos exigidos por la ley.
La orden judicial evita que el cambio entre en vigor este 22 de julio, fecha en la que miles de tepesianos salvadoreños corrían el riesgo de quedarse sin autorización para trabajar. Sin embargo, la medida es temporal. El juez anunció que decidirá antes del 5 de agosto si mantiene la suspensión durante el desarrollo del litigio.
El TPS para El Salvador sigue vigente hasta el 9 de septiembre
Aunque la decisión judicial protege momentáneamente los permisos de trabajo, el TPS para los salvadoreños continúa teniendo como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2026, conforme a la última extensión otorgada por la administración del expresidente Joe Biden en enero de 2025. Hasta el momento, la administración del presidente Donald Trump no ha anunciado una nueva prórroga del programa para El Salvador.
Eso significa que, salvo una nueva extensión administrativa, una decisión judicial adicional o una medida del Congreso, el beneficio podría concluir definitivamente en esa fecha.
El TPS para los salvadoreños fue otorgado originalmente en 2001, tras los terremotos que devastaron El Salvador.
Desde entonces, tanto administraciones republicanas como demócratas han renovado periódicamente el beneficio al considerar que persistían condiciones extraordinarias que impedían un retorno seguro de los beneficiarios.
En 2018, durante la primera administración Trump, se anunció la terminación del TPS para El Salvador. Sin embargo, una serie de demandas judiciales impidió que esa decisión entrara en vigor, permitiendo que el programa continuara mediante extensiones automáticas de los permisos de trabajo.
Posteriormente, la administración Biden volvió a renovar formalmente el TPS para El Salvador, manteniendo la protección hasta el 9 de septiembre de 2026. Desde el anuncio de cancelación en 2018, los beneficiarios han permanecido protegidos principalmente gracias a decisiones judiciales y posteriores extensiones administrativas.
La incertidumbre sobre el futuro del programa aumentó luego de la reciente visita del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, donde sostuvo una reunión privada con el presidente Donald Trump.
Según la información difundida por la Casa Blanca y los reportes de prensa, ambos mandatarios abordaron temas relacionados con migración, seguridad y cooperación bilateral. Sin embargo, no realizaron anuncios públicos sobre el TPS ni confirmaron que el tema hubiera sido discutido durante el encuentro.
La ausencia de una postura oficial dejó sin respuesta una de las principales preocupaciones de la comunidad salvadoreña residente en Estados Unidos.
¿Qué ocurriría si el TPS no es renovado?
Si el Gobierno estadounidense decide no extender el TPS y tampoco existe una orden judicial que mantenga vigente la protección, los beneficiarios comenzarían a perder tanto su autorización de empleo como la protección contra la deportación.
No obstante, el fin del TPS no implica una deportación automática.
Los beneficiarios podrían explorar distintas alternativas migratorias, dependiendo de cada caso, entre ellas:
- Solicitar otro beneficio migratorio para el que sean elegibles.
- Ajustar su estatus mediante una petición familiar o laboral, si cumplen los requisitos.
- Solicitar asilo u otra forma de protección, cuando existan fundamentos legales.
- Permanecer en Estados Unidos mientras resuelven otro proceso migratorio, si cuentan con una base legal para hacerlo.
Quienes no logren obtener otro estatus migratorio quedarían expuestos a procedimientos de deportación y, eventualmente, tendrían que regresar a El Salvador.
Expertos en inmigración recomiendan que los beneficiarios del TPS no esperen hasta septiembre para conocer sus opciones y consulten con abogados acreditados o representantes legales autorizados, debido a que cada caso migratorio es distinto y las alternativas dependen del historial individual de cada persona.
Un tema que seguirá bajo la lupa
La resolución del juez de Boston representa únicamente un alivio temporal para miles de familias salvadoreñas. El verdadero punto de inflexión llegará en las próximas semanas, cuando el tribunal decida si mantiene la suspensión y, sobre todo, cuando la administración Trump defina si renovará o no el TPS para El Salvador antes del vencimiento previsto para el 9 de septiembre de 2026.
Para una comunidad de aproximadamente 235,000 salvadoreños amparados por este programa, las próximas semanas serán determinantes para definir su futuro migratorio y laboral en Estados Unidos.
