Vides Casanova llegó al país deportado desde Estados Unidos

Carlos Vides Casanova, exministro de Defensa. Foto por EFE

El Metropolitano Digital / Agencia EFE

Junto a otros 119 deportados de Estados Unidos, el exministro de Defensa, Carlos Vides Casanova, llegó a El Salvador: donde ha sido relacionado con múltiples asesinatos y torturas cometidos por los militares durante la guerra civil, entre ellos, el asesinato de tres monjas estadounidenses.

Con su llegada se abre el debate sobre si es posible un proceso judicial en su contra debido a que la Ley de Amnistía emitida después de los Acuerdos de Paz que impide juzgar a los militares por masacres, torturas y desapariciones forzadas durante la guerra.

Migración de El Salvador informó que el militar no recibió ningún trato especial y que se sometió a los procedimientos rutinarios de los salvadoreños que son deportados. Vides Casanova será entregado a sus familiares.

Este miércoles un grupo de ocho organizaciones de víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) pidieron hoy a la Fiscalía que investigue al exministro de Defensa salvadoreño Eugenio Vides Casanova, que será deportado de Estados Unidos acusado de «graves violaciones de Derechos Humanos».

Blanca García, portavoz del Comité de Madres Monseñor Romero, dijo a la prensa que «estamos exigiendo al fiscal general que inicie una investigación, ya que él (Casanova) está involucrado en asesinatos, torturas y desapariciones (…) en el periodo de la guerra».

Por su parte, Eduardo García, representante de la Asociación Pro-Búsqueda, dijo a Efe que esperarían que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) «inicie de oficio».

«La Fiscalía de oficio debería de investigar si son ciertas o no las acusaciones, que al parecer ya son contundentes en los Estados Unidos, de que participó, consintió o supo de los atropellos de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional».

El juez migratorio James Grim de la Corte de Orlando, en Florida, en el sureste de EEUU, ordenó en 2012 la deportación de Casanova porque durante su gestión como director de la extinta Guardia Nacional (1979-1982) y ministro de Defensa (1983-1989) había «asistido o participado» en asesinato de varias religiosas estadounidenses y por tolerar actos de tortura.