Por: Oscar Delaney
En el marco del séptimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, diferentes organizaciones civiles a favor de los derechos de personas con discapacidad y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) expresaron este viernes su preocupación por la falta de políticas públicas a favor de personas con discapacidad y el poco interés del Estado para impulsarlas.
Las organizaciones instaron al gobierno a cumplir los acuerdos a los que se suscribió en el año 2008, cuando firmó la entrada en vigor del documento y que hasta la fecha ha incumplido.
El Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, expresó que se necesita visibilizar a este grupo de la población.
“Todavía los derechos de este grupo poblacional se ven muy vulnerados. Las deficiencias de la infraestructura están a la vista de toda la población (…), la equiparación de oportunidades no se cumplen y la asignación de presupuestos es mínima en las instituciones destinadas a la inclusión social de personas con discapacidad, por lo tanto aún las demandas y los desafíos son muy grandes”, dijo el procurador.
El diputado del partido ARENA, David Reyes, consideró que El Salvador aún tiene una deuda pendiente con las personas con discapacidad.
“En El Salvador seguimos viviendo las mismas deficiencias que teníamos hace 15 o 20 años, es decir, tenemos leyes pero no se cumplen”, explicó Reyes.
Por otra parte, el titular de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y aclarezcan el asesinato de Israel Quintanilla, quien fuera presidente de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) y de su hijo Carlos Zepeda. “Exigimos la persecución de quienes participan en este tipo de crímenes”, declaró.
