Con esa nueva propuesta, Canberra buscará, según indicó, ampliar las medidas de vigilancia a los jóvenes a partir de 14 años para evitar su reclutamiento por parte de organizaciones extremistas como el Estado Islámico.
El Gobierno australiano anunció este lunes su intención de reforzar las leyes antiterroristas para estrechar la vigilancia de presuntos yihadistas adolescentes y evitar su reclutamiento por parte de organizaciones extremistas.
La propuesta de ley, que se presentará el próximo mes en el Parlamento, prevé rebajar la edad para aplicar las órdenes de control de 16 a 14 años, aunque limitará la actuación de la policía en los interrogatorios de menores.
La propuesta será el quinto tramo de un gran paquete de leyes antiterroristas que incluye la ampliación de poderes de las agencias de seguridad o medidas contra los ciudadanos australianos que viajan al extranjero para combatir junto a movimientos radicales como el ISIS.
Otra de las leyes, que entra en vigor este lunes, obliga a las empresas de telecomunicaciones a retener los metadatos de sus clientes durante dos años.
En tanto, el Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur propone dar más poderes a los tribunales para poder retener información sensible relacionada con los sospechosos por terrorismo y que estos puedan ser detenidos sin acusación hasta los 28 días.
Las leyes vigentes limitan el tiempo de detención a cuatro horas, a menos de que se emita una orden judicial para extender ese período hasta los 8 días.
La capital de Nueva Gales del Sur, Sídney, ha sido escenario de la toma con rehenes de una cafetería en diciembre de 2014, que se saldó con tres muertos, entre ellos el agresor, y este mes de la muerte a tiros de un trabajador de la Policía a manos de un presunto adolescente yihadista.
Brandis explicó que no existen impedimentos legales para que este estado pueda implementar sus propias leyes para extender el período de detención, pero admitió que legislar a nivel nacional sería inconstitucional.
El presidente del Consejo de Libertades Civiles de Nueva Gales del Sur, Stephen Blanks, criticó esta propuesta que «indudablemente» contraviene los estándares de derechos humanos».
«La idea de detener a un niño de 14 años sin que sea acusado y secretamente por períodos largos de tiempo sería evidentemente inaceptable para toda la comunidad», acotó Blanks a la ABC.
