El Metropolitano Digital
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social (FUSADES), divulgó su posición oficial sobre la propuesta del gobierno para combatir la inseguridad a través de una “contribución especial”, para los usuarios de las telefonías.
En septiembre de este año el Ejecutivo presentó en la Asamblea Legislativa la “Ley de Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana”, que debe ser aprobada por los diputados y con el cual se buscan $144 millones anuales por un periodo de diez años.
Para FUSADES, la propuesta del Ejecutivo regula un impuesto y no una contribución especial, y es ahí, donde realiza observaciones jurídicas y recomienda que no sea aprobada.
La institución sostiene la propuesta, lejos de ser una “contribución especial” es más bien un impuesto debido a que, entre otros aspectos, la seguridad es una actividad inherente al Estado salvadoreño y además que es un derecho, también inherente, de todos los ciudadanos.
Por su parte, el Gobierno ha sostenido en varias ocasiones que con la recolección de los fondos se concretarán beneficios como: instituciones de seguridad fortalecidas, disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, recuperación de espacios públicos, reducción de violencia familiar, reducción de abusos contra mujeres, entre otros.
Ante ello FUSADES sostiene que “todos esos supuestos beneficios que se recibirían indirectamente a cambio de la denominada contribución especial, son parte de los fines esenciales del Estado y son además derechos fundamentales de quienes serán los sujetos obligados.
Según la posición de la Fundación, los beneficios que plantea la propuesta del gobierno “no son una consecuencia de la realización de actividades especiales del Estado (requisito necesario para que sea una contribución especial), sino del cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales, por lo que deben ser financiadas con los recursos obtenidos a través de impuestos u otras fuentes de financiamiento que no sean constitucionalmente cuestionables”.
En su posición FUSADES también aseveró que la propuesta de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que según ellos, no respeta el principio de equidad tributaria establecido por la Constitución además de que establece un segundo impuesto sobre la misma manifestación de riqueza, que es el “consumo del servicio”, el cual ya se encuentra gravado por el IVA.
