Por El Nuevo Heraldo
El expresidente del Congreso de Guatemala Gudy Rivera fue enviado a prisión por un juez tras ser detenido el miércoles por las autoridades, acusado de haber intentado sobornar a una jueza para que ésta resolviera un recurso legal en favor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, presa por corrupción.
Rivera está acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por supuestamente haber intentado sobornar a la ex magistrada Claudia Escobar en 2014 para que resolviera un amparo en favor de Baldetti. Eso habría dejado sin vigencia una decisión del Tribunal Supremo Electoral que la había suspendido como secretaria general del oficialista Partido Patriota.
Rivera pudo ser aprehendido porque ya no es funcionario público y por tanto no goza de inmunidad, dijo la fiscalía.
El juez vinculó a Rivera con el proceso para que la fiscalía pueda investigarlo durante tres meses y lo envió a prisión preventiva.
El magistrado Adrián Rodríguez señaló que ordenaba la medida de prisión debido al riesgo de que obstaculice las investigaciones, pues podría comunicarse con Vernon Eduardo González Portillo, quien le acompañaba al momento de haber cometido los delitos y quién está en libertad.
Escobar votó en contra de dicho amparo y denunció e hizo público el hecho, lo que le valió que el entonces presidente del organismo judicial Josué Baquiax ordenara su traslado de judicatura. La jueza denunció ser objeto de acoso y persecución por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas de protección.
A su llegada esposado a los tribunales de justicia Rivera, vestido de traje, dijo a periodistas que se sometería a la justicia.
«Si he cometido algún delito tengo que someterme a la ley, aquí estoy», dijo Rivera y agregó que «soy un hombre de derecho y me voy a someter a la justicia».
Rivera fue considerado el hombre fuerte del entonces partido oficial, del que también fue jefe de bancada y hombre de confianza del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Pérez Molina y Baldetti tuvieron que renunciar al cargo en mayo y septiembre de 2015, respectivamente, acusados de actos de corrupción al haber conocido, permitido y haberse beneficiado de una red que defraudó al Estado guatemalteco por millones de dólares, según la Fiscalía. Ambos están en prisión a la espera de que se determine si van a juicio o no por los cargos.
