La Fiscalía de Guatemala presentó hoy una solicitud de antejuicio contra el diputado opositor Christian Jacques Boussinot Nuila, supuestamente implicado en la creación de plazas fantasmas y contratos irregulares en el Congreso.
El Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) consideran que es «muy probable» que el diputado, de la formación TODOS, cometiera los delitos de «extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso».
De acuerdo con la investigación, Boussinot Nuila contrataba a personas «de su confianza» para que, en lugar de desempeñarse en el Organismo Legislativo según las funciones respectivas de sus contratos laborales, realizaran «otro tipo de actividades para el propio diputado o (para) su partido político».
«La información también evidencia que algunos de estos empleados tenían que entregar -bajo amenaza- un alto porcentaje del salario devengado a un intermediario del congresista», explicó la CICIG en un comunicado de prensa divulgado este jueves a los medios de comunicación.
El personal contratado por el diputado realizaba el mantenimiento y trabajos de construcción en varios inmuebles propiedad del diputado, aunque algunos otros eran rentados por él o por su familia.
Asimismo, también colocaban vallas publicitarias del partido y organizaban actividades de propaganda electoral en diferentes municipios del departamento de Guatemala.
Con base en las pruebas, el MP y la CICIG aseguran que entre 2011 y 2014 Boussinot, valiéndose de sus diferentes puestos en el Congreso, «utilizó a funcionarios públicos asignados bajo su dirección y responsabilidad, y pagados con fondos provenientes del erario público, para realizar trabajos distintos a la labor administrativa y legislativa estipulada».
Por este caso de plazas fantasma, que tiene en prisión al expresidente del Congreso Pedro Muadi, también fue arrestado hoy el asistente de Boussinot Edgar Leonel Fernández Regalado, acusado del delito de extorsión.
Fernández Regalado, capturado en el municipio capitalino de Mixco, sirvió durante varios años como intermediario entre el diputado Boussinot y otros empleados contratados por el Congreso (pero que no trabajaban en la entidad).
Su función, explicó la CICIG, era cobrar «parte del salario mensual que devengaban» los empleados del Organismo.
Por este mismo caso, las autoridades también pidieron este jueves un antejuicio contra Carlos Armando Alvarado Figueroa, alcalde de Chiantla, en Huehuetenango, por la posible comisión del delito de peculado por sustracción.
