El Metropolitano Digital
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentó el registro centralizado de índices de información reservada. Aproximadamente de 5,200 documentos en reserva, a enero de este año, se ha bajado sensiblemente a 1,500, gracias al esfuerzo de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), que solicitó a las instituciones del Ejecutivo revisar sus índices.
Si bien es cierto, el IAIP ha denunciado que existe un abuso en las declaratorias de reserva, el comisionado Jaime Campos aclaró que “el abuso no solo se da en cuanto al número de reservas, sino al escaso fundamento que muchas declaratorias tenían”.
“Este esfuerzo de fundamentar las reservas de información que se tenía ha sido superado de tal manera que se ha bajado sensiblemente el número de documentos reservados”, afirmó Campos.
También explicó que no necesariamente porque una institución tenga menos documentos reservados significa que hay un mayor acceso a la información pública y puso de ejemplo a la Corte Suprema de Justicia, que tiene únicamente dos documentos clasificados como reservados (planes de seguridad y solicitudes de extradición), sin embargo, es la institución más demandada en los últimos tres años y medio ante el Instituto con 80 denuncias.
“Es la institución cuyas respuestas a las solicitudes de información no dejan conformes a los ciudadanos y por eso acuden al Instituto”, afirmó el comisionado del IAIP.
También mencionó que actualmente la entidad con más reservas de información es la Corte de Cuentas de la República con 221; le siguen, en segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores con 122 y, en tercer lugar, el Ministerio de Defensa con 95.
Por el contrario, hay 19 instituciones que tienen cero reservas de información entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que para poder declarar una documentación como reservada tiene que probarse que si se divulga produciría un daño a un bien jurídico y, luego, tiene que valorarse el beneficio social que tendría la población si la conoce.
