El Metropolitano Digital
La defensa del exmandatario le solicita a la Fiscalía General de la República una investigación y peritaje en la administración de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República de los últimos 27 años.
Los abogados defensores del expresidente de la República del último gobierno de ARENA, Elías Antonio Saca, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción en la administración de los gastos reservados de la Presidencia, han pedido que la Fiscalía General de la República realice una auditoría a esa partida de fondos desde 1989 a la fecha, para esclarecer el uso de esos recursos durante el gobierno de su defendido.
A través de un campo pagado, afirman que solo a través de esa investigación se demostrará que la utilización de ese dinero se realizó de acuerdo a lo hecho por los todos los gobiernos en los últimos 27 años.
“Solo así quedará demostrado que esta ha sido una práctica establecida en el órgano Ejecutivo y no una práctica iniciada en la administración del expresidente Elías Antonio Saca González, y que los gastos reservados ejecutados por las distintas presidencias son para el pago de bienes y servicios prestados al gobierno central en los rubros señalados, y que por ende, no constituyen delito”, reza parte del documento.
A inicios de noviembre del año pasado comenzó el proceso judicial contra Saca, sus exfuncionarios y tres empleados de Casa Presidencial de la administración del gobierno de Calderón Sol, quienes son acusados de los delitos de lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito y agrupaciones ilícitas en la administración de $246 millones de fondos públicos.
La FGR informó que los $246 millones de fondos públicos presuntamente malversados fueron desviados a 14 cuentas de los imputados vinculados en el caso.
El Ministerio Público aseguró que uno de los destinatarios de ese dinero podría estar el partido ARENA, donde habrían transferido $400,000, cantidad que podría ser mayor debido a que las investigaciones de este caso siguen.
En el comunicado de los abogados defensores también se exponen cuatro puntos en los que se argumenta la legalidad del uso de la partida de gastos reservados y, entre otras cosas, dicen que el mecanismo utilizado durante la administración Saca fue similar al implementado por las distintas administraciones.
Agregan que ese dinero fue auditado por la Corte de Cuentas de la República y que sus informes no se evidencias hallazgos u observaciones en la administración de los recursos.
La defensa del exgobernante expone también que se debe hacer un peritaje de la referida partida, específicamente en los presupuestos generales de la nación aprobados por la Asamblea Legislativa, los comprobantes de pago que demuestran la ejecución y pago a proveedores, los gastos oficiales de viaje de la Presidencia y la Vicepresidencia, el pago de consultores, asesores, abogados, la Comisión Nacional de Desarrollo, viáticos, gastos de representación, el apoyo de actividades específicas de organizaciones sociales, gremiales, iglesias, entre otros.
