El Metropolitano Digital
30 organizaciones representadas en ASGOJU señalan que tanto los exfuncionarios de ARENA como el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio Fabián, pudieron haber incurrido en el delito de Lavado de Dinero y Activos, por recibir pagos poco trasparentes de Casa Presidencial en los gobiernos de ARENA.
Según la denuncia de la Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) ante la Fiscalía General de la República (FGR) la realización del posible delito está previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código Procesal Penal.
De acuerdo a la denuncia es imposible desvincular a varios exfuncionarios públicos que acompañaron la gestión del expresidente Elías Antonio Saca de los mismos delitos por los que se le acusan a este, y a otras personas dentro de la operación denominada “destape a la corrupción”.
En dichas investigaciones ha trascendido que se le imputa al exgobernante y a los demás investigados –entre los que se encuentran tres exsecretarios presidenciales y tres trabajadores de Casa Presidencial desde los gobiernos de ARENA– el delito de Lavado de Dinero y Activos, cuyo origen sería la supuesta malversación de una cantidad millonaria de fondos que provenían de partidas presupuestarias que estaban asignadas a la Presidencia de la República.
En este mismo proceso, el señor Pablo Gómez, quien fuera contador en Casa Presidencial desde la gestión de Armando Calderón Sol, es uno de los imputados junto con Saca por presuntamente participar en la realización o captación de depósitos en cuentas bancarias.
Sobre este tema, en diferentes medios de comunicación y en redes sociales también se ha hecho público que el director ejecutivo de la FUNDE, capitulo salvadoreño de Transparencia Internacional, Roberto Rubio, habría reconocido que recibió pagos mensuales de honorarios permanentes durante 10 años por parte de los gobiernos del partido ARENA.
En un comunicado de FUNDE, esta descarga la responsabilidad penal de su director argumentando que tales transacciones se trataron de pagos por servicios profesionales. No obstante, las organizaciones demandantes de la sociedad civil consideran que hay indicios que deberían motivar una investigación de parte de la FGR sobre la legalidad y el debido pago de impuestos por las cantidades recibidas.
Dirigentes de ASGOJU señalan también que la recepción de pagos personales y regulares del gobierno hacia el director de Transparencia Internacional en El Salvador entraña un evidente conflicto de intereses que cuestiona la transparencia de esta organización.
Mientras, el director ejecutivo de FUNDE afirmó que le parece bien que ASGOJU interpusiera el aviso a la Fiscalía y espera que la institución investigue y aclare el tema.
“Está bien que hayan presentado el aviso y ojalá que la Fiscalía aclarara este punto. Está claro que no ha sido un sobresueldo; ahí están los presupuestos de la Asamblea asignados a la Comisión Nacional de Desarrollo; ahí están los decretos presidenciales de creación del Consejo”, dijo Rubio durante una conferencia de prensa en la que la organización que preside realizó un balance sobre la transparencia en los tres años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Explicó que él no recibió sobresueldos cuando fue miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo, sino que su pago fue mediante la figura de honorarios porque prestó sus servicios profesionales como consultor.
Sobre este tema, también trascendió, que mientras las organizaciones civiles están pidiendo una exhaustiva investigación de oficio por parte del Ministerio Público a todos los señalados por haber recibido fondos públicos de manera ilegal, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó el día 4 de mayo que la Sección de Probidad inicie investigaciones en contra de funcionarios y exfuncionarios que, según algunas investigaciones periodísticas, recibieron bonificaciones especiales en sus cargos.
