El Metropolitano Digital
La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a la Sección de Probidad investigar por posible enriquecimiento ilícito al director de Transparencia Internacional capítulo El Salvador y director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, así como a otros 10 exfuncionarios de los gobiernos del partido ARENA.
La decisión de la CSJ se dio en la última sesión de la Corte Plena en la que discutieron la petición de investigar por presunta corrupción el pago con sobresueldos por parte de Rubio, además del actual presidente de la ANEP, Luis Cardenal; los diputados de ARENA, Margarita Escobar, Rodrigo Ávila; la exministra de Educación, Darlyn Meza; el exsecretario Jurídico, Luis Mario Rodríguez; el expresidente de Concultura, Federico Hernández Aguilar; el expresidente del RNPN, Gerardo Suvillaga; el expresidente de Cepa, Albino Román; así como de Carmen Elisa Sosa de Callejas y Michelle Gallardo de Gutiérrez.
En días recientes las Alianza para la Gobernabilidad y Justicia Social (Asgoju) presentó la denuncia que discutió la Corte Plena y que derivó en el inicio de la investigación contra los 11 exfuncionarios; también, envió un aviso a la Fiscalía General de la República por lavado de dinero contra las mismas personas y que el fiscal Douglas Meléndez dijo desconocer su avance.
Leonel Herrera, miembro de Asgoju y director ejecutivo de ARPAS, dijo que la decisión del órgano de Estado era lo menos que podía hacer porque la demanda estaba bien planteada y con elementos que indican el posible cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito.
“Si no lo hacían estaban faltando a su responsabilidad de investigar. Esperemos que la Sección de Probidad hagan una efectiva investigación”, afirmó Herrera.
El coordinador de transparencia de Iniciativa Social para la Democracia, Óscar Campos, dijo que con la decisión de Corte Plena podrían existir indicios suficientes como para que la Fiscalía arme un caso sólido y lo presente los juzgados.
“Es lógica la orden de Corte Plena. Si bien recibir sobresueldos no es un delito perse, si lo es la actitud de ocultarlo y no declararlo en su declaración de patrimonio y de renta año con año; genera otras actitudes delictivas como evasión de impuestos, falsedad material, falsedad ideológica, incluso, lavado de dinero y activos”, dijo Campos quien resaltó que fue la mejor decisión del órgano de Estado.
Hace unas semanas, Rubio declaró que le parecía bien que Asgoju interpusiera el aviso a la Fiscalía y espera que la institución investigue y aclare el tema.
“Está bien que hayan presentado el aviso y ojalá que la Fiscalía aclarara este punto. Está claro que no ha sido un sobresueldo; ahí están los presupuestos de la Asamblea asignados a la Comisión Nacional de Desarrollo; ahí están los decretos presidenciales de creación del Consejo”, dijo Rubio durante una conferencia de prensa.
