Agencias
Donald Trump ha movido su ficha definitiva para endurecer la política de inmigración. Tras haber hecho del blindaje de las fronteras el eje de su campaña electoral y el hilo que le conecta con sus acólitos, se estrenó lanzando la «Travel ban».
Pendiente aún de decisiones judiciales, su controvertida norma prohíbe hoy el acceso a ciudadanos de ocho países, la mayoría musulmanes. Dio un paso más con la suspensión del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un jaque a 800.000 «dreamers», los jóvenes indocumentados que entraron llegaron cuando eran menores, hasta entonces protegidos.
En la enésima enmienda a la política de Obama, el presidente busca ahora el giro final para combatir a los indocumentados en la frontera y en el interior de Estados Unidos. El informe de setenta propuestas que ha remitido al Congreso es su vía abierta a un difícil consenso. Aunque no alude a ellos expresamente, sus asesores ya han filtrado que la aprobación de sus propuestas «debe acompañar a una solución definitiva para legalizar a los dreamers». Una forma encubierta de plantear un condicionado intercambio de cromos.
Entre la declaración de principios y la exigencia de contraprestaciones, Trump demanda la construcción del muro en toda la frontera con México, una mayor facilidad para deportar a los menores que proceden de la violencia en Centroamérica, la retirada de fondos a las llamadas «Ciudades santuario».
(que protegen a los indocumentados) y la contratación de 10.000 policías, 370 jueces de inmigración, 300 fiscales federales y mil abogados, que agilizarían los 600.000 casos de inmigrantes ilegales pendientes de solventar.
