Agencias
La Corte Suprema de EE.UU. ha desbloqueado la principal demanda internacional de la justicia española.
La casualidad ha querido que ayer, jueves, cuando se cumplían veintiocho años de la matanza de seis jesuitas, entre ellos el padre Ignacio Ellacuría y otros cuatro españoles, en la Universidad Centroamericana de El Salvador, una de las grandes causas pendientes de los años oscuros de las dictaduras latinoamericanas recibiera su mayor respaldo.
Horas después de que el máximo tribunal estadounidense aprobara su extradición, el Departamento de Estado firmó la orden de entrega del excoronel Inocente Montano, que llegará a España los próximos días, para su previsible ingreso en prisión y apertura de juicio.
Quien también fuera entonces viceministro de Defensa de El Salvador está acusado de participar en la planificación del múltiple asesinato, aunque la orden se atribuye a su superior, René Emilio Ponce.
La decisión del Supremo responde a un largo requerimiento que emprendió el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en 2011, cuando emitió órdenes de detención de Montano y otros 19 militares salvadoreños, acusados todos de asesinar a los seis sacerdotes, junto a la cocinera de la institución académica y a su hija, de 15 años.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un pelotón del Batallón Atlácatl, del Ejército salvadoreño, de los llamados «escuadrones de la muerte» del régimen militar de El Salvador, irrumpió en el centro pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Sacó por la fuerza a cinco de los sacerdotes, entre ellos el padre Ellacuría, rector del centro, y les obligó a echarse boca abajo, antes de dispararles a quemarropa. El sexto sacerdote asesinado y las dos mujeres fueron hallados muertos, también a tiros, en sus habitaciones.
Además del jesuita vizcaíno, destacado representante de la llamada teología de la liberación, fueron asesinados los también españoles, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró, así como el sacerdote salvadoreño Joaquín López. Las mujeres, también salvadoreñas, respondían a los nombres de Elba Julia Ramos y Celina Mariseth.
El múltiple asesinato causó entonces una gran conmoción internacional y disparó las presiones para que la Junta Militar salvadoreña, presidida por Alfredo Cristiani y la guerrilla izquierdista Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FLNM), se sentaran a negociar para poner fin a la guerra (1980-1992).
Desde que la paz y la democracia llegaran a El Salvador, las diversas indagaciones y causas abiertas en el país no han satisfecho las demandas de la Justicia española.
Tampoco, el proceso llevado a cabo en 2011 contra Montano y otros diecinueve militares, considerado por Eloy Velasco un fraude de ley, al no haberse investigado los hechos de manera correcta.
El juez dirigía ya la causa abierta por la Audiencia Nacional en 2008 contra los militares salvadoreños, por los delitos de asesinato voluntario con lesiones voluntarias y terrorismo, que afecta sólo a los cinco asesinados de origen español.
Según esta investigación, Montano habría participado en al menos dos reuniones de mandos militares donde se decidió el asesinato. Tras las órdenes de detención dictadas por Eloy Velasco, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre la solicitud de extradición de trece militares a El Salvador y dos a Estados Unidos. La del excoronel va a ser la primera de las entregas aprobadas por Washington, pendiente de decidir sobre el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo.
