Agencias
Más de 800.000 inmigrantes al borde de la deportación, miles de millones de gasto e inversión paralizados y el Gobierno federal a un paso del cierre. Es la situación límite que afrontan la Casa Blanca y el Congreso casi un año después de que el presidente outsider se estrenará en el Despacho Oval.
Existen precedentes del bloqueo que pende sobre millones de nóminas públicas y los servicios de los estadounidenses, a menudo víctimas de la creciente polarización política, pero no de la construcción de un largo muro en la frontera con México como primera fuente de discordia. A diez días de que las arcas nacionales se queden sin fondos, prorrogados provisionalmente hasta el 19 de enero, Donald Trump tensó este martes la cuerda en su empeño de endurecer la política de inmigración:
«Pongan el país por delante del partido». El mensaje a una veintena de congresistas sonó al ultimátum del presidente que no va a renunciar al reclamo que le conectó con sus millones de fieles, al símbolo del cierre de fronteras que Trump ha convertido en la naturaleza de ser de su mandato.
Lejos de aclararse, la solución al «tres en raya» planteado por la Casa Blanca se complica más cada día.
La alambicada negociación en marcha debe situar tres variables en línea, en apariencia muy lejanas: una cuantiosa partida económica para el muro, que los demócratas rechazan de plano; una solución definitiva consensuada por el Congreso para legalizar la situación de los 800.000 «dreamers»(hijos de indocumentados llegados a Estados Unidos como menores), que Trump sólo ratificará si se da el primer supuesto, y un entendimiento entre republicanos y demócratas para que al menos sesenta de los cien senadores aprueben la ley presupuestaria, el paraguas financiero. Todos vasos comunicantes de una gran probeta a punto de estallar.
