Por: Remberto Domínguez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de Trabajos y Previsión Social (MTPS) firmaron este miércoles un convenio de cooperación y coordinación interinstitucional con el fin de garantizar de manera efectiva la tutela de los derechos políticos de los trabajadores, en la empresa pública y privada.
El convenio tiene como objetivo establecer lazos de cooperación entre las dos instituciones para velar y proteger la autonomía del sufragio de los colaboradores en las diferentes instituciones públicas y privadas.
El Ministerio de Trabajo lanzará el plan especial de no inducción al voto de las personas trabajadoras, como parte de las acciones afirmativas y preventivas de la Dirección General de Inspección de Trabajo.
Además sostuvieron que estarán pendientes que los empleadores sean garantes del permiso con goce de sueldo, de las personas seleccionas a participar en las Juntas Receptoras de Voto (JRV), en las próximas elecciones a realizarse el 4 de marzo de 2018.
No obstante a las empresas o instituciones públicas que no quieran otorgar permiso a sus colaboradores, serán sancionados con una multa de $57.14 por persona.
«El Ministerio de Trabajo cuenta con un contingente de 98 personas inspectoras, que estarán desplegadas atendiendo a través de las 14 oficinas departamentales a nivel de todo el territorio. También tenemos a nuestra disposición el Call Center 130, al cual pueden llamar, cualquier persona que se le esté vulnerando los derechos políticos y ciudadanos del sufragio», dijo la ministra de Trabajo, Sandra Guevara.
Entre el 2014 y 2015 el MTPS realizó este mismo plan especial ejecutando 642 inspecciones, asesorías y denuncias; dando cobertura a 18 mil 752 personas trabajadoras.
135 empresas del sector comercio negaron permisos, o hicieron inducción de votar por una partido político, del sector servicio fueron 65 empresas, y de las municipalidades se tuvo un total de 57, a nivel de todo el país.
Por su parte el TSE apoyará al MTPS, en la ejecución de los planes de trabajo sobre la no inducción al voto, y reportará al Ministerio de Trabajo por escrito, o vía correo electrónico las denuncias sobre posibles violaciones respecto al ejercicio de los derechos políticos de las personas trabajadoras.
