Agencias
Estados Unidos reintroducirá en su próximo censo la pregunta sobre ciudadanía, una medida polémica en un país con millones de indocumentados temerosos de las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.
El anuncio lo hizo el Departamento de Comercio estadounidense, que señaló que la decisión tomada para el próximo censo, correspondiente al 2020, pretende “ayudar a hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales (VRA, por sus siglas en inglés)”, según un comunicado.
La medida, que ha levantado una ola de críticas contra el gobierno de Trump –que aseguró sin pruebas que millones de inmigrantes votaron en las elecciones presidenciales del 2016– fue demandada el martes por el fiscal de California, Xavier Becerra. “Incluir la pregunta no es solo una mala idea, es contra la ley”, afirmó.
Según el fiscal, la pregunta pone en riesgo la incorporación de los datos estadísticos de la población total de EE. UU. de “varios millones” de indocumentados que residen en el país. “Si no nos cuentan, no contamos”, agregó el fiscal hispano.
Pero ¿por qué la inclusión de la pregunta ha generado rechazo?
La Oficina del Censo cuenta cada diez años el número total de personas que hay en EE. UU., no el total de ciudadanos, y desde hace más de 70 años no pregunta sobre el estado de ciudadanía de los individuos.
Trump y los republicanos empujan una agenda racial y partidista que busca asustar y hacer invisibles a las comunidades inmigrantes
El recuento del censo se usa para volver a dibujar los distritos electorales, por lo que puede afectar la composición del Congreso y determinar dónde se utilizarán los fondos federales, estatales y locales para construir nuevas escuelas, carreteras, centros de salud, cuidado infantil y para personas mayores. Sus resultados también son la base de innumerables estudios gubernamentales y académicos que impulsan las decisiones de política pública y las legislaciones del Congreso.
De acuerdo con los críticos, la inclusión de la pregunta dejaría a los inmigrantes ilegales y las minorías extranjeras expuestos a las autoridades. Además, podría desestimular a algunas minorías a tomar parte en el conteo, por miedo a que la información pueda ser usada en su contra.
Se dice que, incluso, inmigrantes con residencia legal serían reacios a participar si tienen lazos con personas sin documentos, lo que socavaría la exactitud del resultado.
Trump ganó la presidencia con un discurso antiinmigrantes, prometiendo deportar a los más de 11 millones de indocumentados en el país, la mayoría de América Latina, y construir un muro en el límite con México. Por esos días comparó a los inmigrantes con “serpientes traicioneras”, y desde que asumió la presidencia dio más poder a la policía migratoria para capturar indocumentados.
“Estos actos de opresión son estrategias políticas que en realidad van más allá del propósito de lo que es el censo”, dijo Luz Gallegos, del centro de asistencia legal para inmigrantes Todec.
La jefa de la bancada minoritaria de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, condenó que “Trump pusiera la política sobre la Constitución” e ignorara el consenso de exdirectores de la Oficina del Censo, que expresaron preocupación sobre el respeto a la confidencialidad de la información, y un estudio reciente de esta agencia.
“Trump y los republicanos empujan una agenda racial y partidista que busca asustar y hacer invisibles a las comunidades inmigrantes”, criticó a su vez Tom Pérez, director del Comité Nacional Demócrata (DNC).
El conteo erróneo de la población de ciertas comunidades es un viejo problema. Los expertos calcularon que en el último censo, de 2010 –en el cual se fijó la población en 308,8 millones de personas, un incremento de 9,7 por ciento en una década–, unos 775.000 residentes latinos no habían sido contabilizados.
