La tensión y las protestas persisten en Nicaragua este lunes, pese a que el presidente Daniel Ortega revocó la reforma del sistema de pensiones que detonó una ola de protestas, saqueos y enfrentamientos con la Policía que suman al menos 29 muertos.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a una marcha contra el gobierno para este lunes, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento.
El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).
Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas que comenzaron el pasado miércoles, impulsadas por un grupo de estudiantes universitarios, jubilados y vecinos.
El movimiento rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad y tomó varias ciudades nicaragüenses.
El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, expresó que no ve condiciones para un diálogo e hizo un llamado a «detener la represión».
La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.
«Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente», declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.
«Creemos que ya no hay espacio para el diálogo», agregó Ramírez en una conversación telefónica.
Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.
Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.
El Gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego en su contra.
Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que «esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas».
La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación de parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.
«Exigimos al gobierno nicaragüense el cese inmediato de la brutal arremetida contra los manifestantes y la población civil», expresó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ambas organizaciones confirmaron que varias personas murieron en el marco de las protestas, incluyendo menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.
El sábado, un periodista fue asesinado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.
Antes de revocar la reforma al sistema de pensiones, Ortega había llamado a un diálogo con el sector privado para superar el impasse.
Sin embargo, el COSEP dijo en un comunicado que condiciona su partición en el diálogo al fin de la represión de manifestantes y de la censura de medios de prensa, así como a una amplia participación ciudadana en las conversaciones.
Tomado de La Nación
