Agencias
Estados Unidos está resuelto a combatir el régimen de Maduro en todos los frentes. La Administración Trump se ha lanzado a acorralar al Gobierno venezolano mediante una asfixia económica y política que, según espera, sirva para derrumbar el que considera mayor riesgo para el continente desde la irrupción de la Cuba comunista.
En paralelo a las duras sanciones dirigidas a las élites del régimen, la segunda gran ofensiva apunta a la creciente marginación de Caracas en cada uno de los ámbitos políticos y diplomáticos.
El último gran objetivo sería la suspensión de Venezuela de todos los órganos dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), para lo que presiona a los países que pueden decantar una posible votación en la asamblea que empieza mañana en Washington.
La pretensión estadounidense se hará visible desde primera hora. El vicepresidente Mike Pence tiene previsto hacer un «llamamiento personal» a los embajadores de la institución latinoamericana en un acto matinal en la Casa Blanca.
Para ello, el número dos del Departamento de Estado, John Sullivan, se ha encargado de reunir a las delegaciones participantes en la 48 Asamblea General de la OEA. El mensaje será directo. Apelará a todos ellos a aprovechar la reunión, que se celebra del lunes al miércoles, para votar la exclusión de Venezuela de todas las actividades de la organización.
En la práctica, se trataría de la expulsión del Gobierno de Maduro, un castigo político de indudable impacto.
De aprobarse, la decisión situaría a Venezuela al mismo nivel que Cuba, suspendida en 1962 a raíz de la llegada del comunismo al poder de la mano de Fidel Castro. Además de no participar en órgano alguno, La Habana está excluida de todos los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.
El otro precedente afectó a Honduras en 2009, aunque sólo por dos años, como represalia por el golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya. La salida de la OEA, bien por expulsión o por decisión propia, requiere de un largo proceso que puede durar entre dos y tres años.
Precisamente, el Gobierno de Maduro pidió en abril de 2017 la marcha de la entidad, que se encuentra en tramitación. Algo que no va a restar contundencia a una suspensión que medios diplomáticos califican de «sanción y reafirmación internacional contra el régimen».
Tras la proclama del vicepresidente Pence, la presión estadounidense para marginar al régimen chavista venezolano se intensificará el mismo lunes, cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, suba a la tribuna de la asamblea y pronuncie un discurso en parecidos términos. Tampoco el jefe de la diplomacia estadounidense se olvidará de deslizar a los representantes de las delegaciones latinoamericanas el mensaje sobre la importancia de respaldar una acción tan efectiva.
Dado que una resolución de suspensión de un país miembro requiere una mayoría de dos tercios, 24 de 35 votos, y que ninguna votación de condena de Maduro ha superado los veinte, pese a su creciente aislamiento, Washington está echando el resto. Fuentes diplomáticas confirmaron que uno de los mensajes que están recibiendo los gobiernos en duda es que «Estados Unidos tomará nota de los votos que no sea favorables».
