Aprueban nueva Ley de Compensación Económica por Servicios Prestados en la Asamblea

El Metropolitano Digital

Para dar continuidad al proceso de modernización que comprende, entre otros, el reordenamiento del personal del Órgano Legislativo, para elevar la eficiencia y eficacia en todas las áreas de la institución, durante la Sesión Plenaria de este viernes, la Asamblea Legislativa emitió con 73 votos de todas las fracciones legislativas una reforma al Art. 2 de la “Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados en el Órgano Legislativo”, con lo cual se emite un nuevo decreto, debido a que varios empleados han expresado su intención de acogerse a la normativa.

Al beneficio que deriva de esta nueva disposición podrán adherirse empleados institucionales o empleados de los grupos parlamentarios que estén bajo el régimen de contrato o Ley de Salarios, presentando su renuncia voluntaria a más tardar el 31 de agosto de 2018; quienes se acojan al decreto no podrán laborar en la Asamblea Legislativa durante los próximos tres años.

Al primer decreto, aprobado en la Sesión Plenaria del 21 de junio anterior, se sometieron 48 empleados, lo cual representa una erogación de $640 mil en concepto de indemnización, informó el presidente  Norman Quijano. El resultado de esa medida se verá reflejado en el próximo ejercicio fiscal, explicó.

“Ha habido muchas personas que se han acercado a este servidor y me han pedido prorrogarlo (el decreto en mención), pero como ya venció ya no lo podemos prorrogar, estamos aprobando un nuevo decreto”, reiteró  Quijano.

La compensación económica a otorgar se calculará en base al último salario mensual devengando por cada empleado: Los empleados que hayan prestado sus servicios de  2 a 5 años, recibirán cuatro meses de salarios; a los que hayan laborado de cinco a diez años,  se les otorgarán seis meses de salarios, y los que tengan diez o más años de trabajar para la institución, recibirán doce meses de salarios. La compensación no deberá exceder el equivalente a $30 mil.

Quedan exentos de esta ley quienes hayan sido beneficiados anteriormente con algún plan de retiro voluntario similar.

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