El Metropolitano Digital
El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador, a través de una resolución emitida el 22 de agosto dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) ya designó a la abogada defensora Marisol Olivares, para que tenga a su cargo, la defensa técnica del expresidente Funes y 10 personas más, que tienen calidad de imputados ausentes.
La defensora pública fue asignada luego que el juez Sídney Blanco solicitara un profesional idóneo a la PGR para que represente los intereses del exmandatario, de sus familiares y otras personas que su situación jurídica fue resuelta con solo la vista del requerimiento, el pasado 15 de junio por el Juez 5° de Paz.
La defensora pública tendrá a su cargo la defensa de Hugo Barrientos Clara, Nelson Antonio García Cerón, Carlos Mauricio Funes, Diego Rubén Funes Cañas, Carlos Mauricio Funes Velado, Ada Mitchel Guzmán, Juan Carlos Guzmán, Elvy Marina Paz, Cristina Pignato , Ada Luz Sigüenza y Tiago Noguera.
Todos ellos acusados de delito de lavado de dinero y activos, casos especiales de encubrimiento, y peculado.
Así también se conoció que el abogado Oscar Armando Genovez, defensor de los imputados Rigoberto Palacios Panameño y José Armando Escobar, presentó una recusación en contra del juez, por existir, según él ”motivos serios y razonables que ponen en duda su imparcialidad frente a los imputados, aduciendo que el juez fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que este proceso inicio en virtud que la CSJ en pleno atendiendo informes de la Sección de Probidad determino que existía indicios de enriquecimiento ilícito de parte del expresidente Funes.
Por lo anterior el juzgado remitió la recusación el día de ayer a la Cámara Segundo de lo Penal para que sea ésta instancia la que resuelva si es procedente o no que el suscrito se abstenga de conocer el caso.
Según el requerimiento fiscal, el exmandatario Mauricio Funes, junto con Francisco Cáceres, exsecretario Privado, Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Alberto Herrera, y Manuel Arturo Ayala, exdirector Ejecutivo de la Presidencia, supuestamente utilizando diversos mecanismos programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados y así hacer pagos al proveedor ficticio “Gastos Operativos de la Presidencia de la República” y que posteriormente trasladaban fondos por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.
Supuestamente dispusieron el dinero de manera arbitraria supuestamente en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos así como pagos en efectivo destinados a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según la fiscalía.
