El Metropolitano Digital
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra 17 de 30 imputados involucrados en el caso denominado “Operación Corruptela” a quienes Fiscalía General de la República (FGR) acusa de diversos delitos en perjuicio de la administración pública, la administración de justicia, la fe pública, el orden socioeconómico y de los derechos y garantías fundamentales de los señores Mario Calderón y René Medrano.
El fallo será dado a conocer este domingo a las 9:00 a.m.
Los hechos fueron cometidos cuando Luis Martínez fungió como Fiscal General de la República, durante el período del cuatro de diciembre del año 2012 al tres de diciembre del 2015. Antes de entrar en detalle de los más de 20 casos, los fiscales a cargo del proceso manifestaron que Martínez antes que fuese nombrado fiscal general tenía una situación financiera muy mala, siendo calificado en el sistema financiero como categoría “E” que es la más baja, por el alto riesgo de impago.
Pasando al primero caso, relataron que el ex fiscal Martínez recibió dádivas o ventajas económicas de parte de Aldo Vinicio Parducci, esto con el fin de obtener una otorgación de un contrato de arrendamiento de inmueble en donde funcionaría como archivo de la FGR. Parducci entregó a Martínez la cantidad de 220 mil dólares simulando un préstamo con garantía hipotecaria.
En el segundo caso, dijeron que el ex presidente de la República Mauricio Funes otorgó dádivas al ex fiscal Martínez, para favorecerlo y evitar ser investigado en los casos: de el Chaparral y la Tregua. Presuntamente habría recibido de parte del ex mandatario cinco vehículos y sobresueldo hasta por 15 mil dólares.
El tercer caso, los imputados ausentes Enrique Rais López y Hugo Blanco Rais las dádivas que habrían proporcionada al ex fiscal son 96 viajes aéreos, cuatro vehículos y dinero en efectivo a cambio de recibir beneficios en tres procesos en los que ellos estaban en calidad de demandados y promoviendo seis casos penales contra terceras personas.
El ministerio público, según diligencias iniciales, establece la apropiación de fondos públicos asignados a la FGR, por parte de los imputados al cometer el delito de peculado, obteniendo beneficios propios para los cuales sustrajeron el monto de 677 mil 356 dólares con 34 centavos.
Según la investigación, dicho monto fue utilizado para pagos de créditos personales, reparaciones de vehículos particulares, pago de viáticos complementarios, pagos de recibos de telefonías, pagos de consultorías no realizadas o simuladas y pagos de recompensas a colaboradores inexistentes.
Además de la solicitud de la detención para algunos y las medidas para otros FGR solicita al juzgado las medidas cautelares patrimoniales, como: anotación preventiva en los bienes inmuebles y en los vehículos de los ahora acusados, así como la inmovilización de las cuentas y depósitos bancarios.
