El Metropolitano Digital
Representantes de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad asisten al 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Boulder, Colorado, Estados Unidos.
Así, la Fundación se encuentra representando al país en este encuentro donde se realizan audiencias para conocer la situación de los derechos humanos en los países participantes.
La Red informó a la CIDH que las personas con discapacidad en El Salvador aún enfrentan barreras que entorpecen el goce pleno de los derechos humanos y que en la Asamblea Legislativa aún no se da estudio al anteproyecto de Ley de Inclusión presentada hace tres años.
La Red agregó que el Estado salvadoreño aún no cumple con sus obligaciones internacionales de una mejora progresiva para el sector, lo que se traduce en que aún existe exclusión en distintos ámbitos de la vida cotidiana enfrentando desde las barreras físicas, arquitectónicas, de la comunicación, las actitudinales, hasta las barreras normativas, lo que impide el pleno goce de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.
Amilcar Durán, director ejecutivo de la Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, solicitó a la Comisión Interamericana que realice recomendaciones al Estado salvadoreño.
Durán solicitó lo siguiente:
- Adoptar medidas urgentes destinadas al reconocimiento expreso en la normativa interna, incluyendo la Constitución de la República, de la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad y se establezca sanciones por tal motivo, incluida la denegación de los ajustes razonables, en todos los ámbitos.
Asimismo, que se reconozca normativamente las múltiples formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo y el empleo, la participación política y pública, acceso a la justicia, entre otros no menos importantes para su desarrollo e inclusión.
- Iniciar de inmediato el proceso de derogatoria de la legislación que deniega el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de tal manera que los mecanismos de sustitución de la voluntad en la toma de decisiones sean reemplazados por los mecanismos de apoyo, que conforme al parámetro de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respeten nuestra autonomía y preferencias.
- Hacer una revisión integral de la legislación interna adecuándola a los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad, reformando y derogando aquella que nos discrimina y deniega el ejercicio de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales.
- Agilizar el proceso legislativo de análisis y consulta amplia del proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, como ley marco que recoge los principios, derechos y el modelo progresista de derechos humanos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad. De tal manera que una vez aprobada propiciará la progresividad de los derechos humanos de la población con discapacidad en El Salvador.
Solicitamos se nos tome en cuenta y respete la voluntad y opiniones de nuestras organizaciones para aportar en todas las etapas de ese proceso legislativo y de su debida implementación.
De modo que, solicitamos a la Comisión Interamericana dé seguimiento de la situación ante expresada, se pronuncie oportunamente para exhortar al Estado Salvadoreño cumpla con sus obligaciones internacionales.
Estadísticas
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad del año 2015 reflejó que el período de 2007 a 2015 la población con discapacidad mostró un aumento del 4.1 al 6.4%. No obstante, las estimaciones arrojadas por el Informe Mundial sobre Discapacidad indicaban que, para inicios de esta década, el 15% de la población mundial presentaba una discapacidad.
‘Lo anterior permite concluir que los datos reportados por las dos fuentes citadas podrían no ajustarse a la realidad salvadoreña, si tomamos en consideración el conflicto armado interno que sufrió nuestro país, el alto índice de violencia social, el envejecimiento de la población, la migración externa, la condición de pobreza de una parte importante de la población, entre otros factores que inciden en la prevalencia de la discapacidad en El Salvador’, expresó Patricia Andreu.
